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Fundaciones Privadas

De martes financiero, 30 agosto 2011:

Tan difícil como hacer una fortuna es repartirla entre los herederos.

El multimillonario Winston Charles Lucom hizo caso omiso de esta premisa, o quizás la comprendía al detalle y prefirió dejar 50 millones de dólares a la fundación que lleva su nombre.

A su tercera esposa, Hilda Antonia Piza Blondet, le dejó una renta de 20 mil dólares mensuales, el uso de unas obras de arte, un piano de cola y un variado inmobiliario.

Descontenta, demandó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá la adjudicación total del patrimonio de Lucom, que falló en favor de Hilda Piza Blondet. Pero ella no pudo satisfacer su propósito. Piza Blondet falleció la semana pasada.

Winston Charles Lucom, nacido en Pennsilvania, Estados Unidos, filántropo y a la vez bendecido con la herencia recibida de su segunda esposa, Virginia Willys — hija del fundador de los Jeep Willys —, falleció el 2 de junio de 2005 en ciudad de Panamá y su última voluntad fue apoyar a “los niños con necesidades en Panamá (…) A escuelas de niños que no tienen alimento para su almuerzo”, como señala el testamento.

Pues bien, se cumple un año de la solicitud de la Fiscalía Cuarta Superior a la Corte Suprema de Justicia para que anule el fallo en favor de Hilda Antonia Piza Blondet.

El argumento de la fiscalía consiste en que el proceso de adjudicación del patrimonio en favor de la señora Piza Blondet estaba viciado de nulidad absoluta.

El proceso afectó los intereses del Estado panameño y los municipios —por ser los responsables de la manutención de los niños “con necesidades”—, interesados directos en el testamento y que jamás fueron representados. Pero ahora que falleció la señora Piza Blondet, en el país crece la expectativa de qué pasará con los 50 millones que Lucom dejó de herencia.

El caso de Lucom concreta las palabras del abogado Juan Pablo Fábrega sobre la pesadilla que significan los procesos de sucesión ante un juez de la República: “El cumplimiento de un testamento se materializa post mórtem con una decisión judicial de una entidad de derecho público, tras un procedimiento carente de privacidad o de reserva, usualmente dilatado por la burocracia propia de estos trámites y con elevados costos para los herederos”.

Si antes de fallecer Lucom se hubiera asesorado de otros modos de hacer cumplir su voluntad, se habría evitado la espectacular difusión de la repartición de su herencia en los medios de comunicación, sería innecesaria la demanda en contra de los tres magistrados de la CSJ por su fallo que favoreció a una única heredera, y miles de niños panameños tendrían un mejor porvenir.

Winston Charles Lucom podía haber constituido una fundación de interés privado, o realizar un contrato de fideicomiso, o hacer una donación de sus bienes en usufructo o haber configurado acciones al portador de una sociedad anónima.

“Son posibilidades contempladas en la legislación panameña, tienen años de tradición, la ventaja de ser más fáciles de efectuarse y se demoran menos en comparación con el trámite judicial hereditario ”, asegura el abogado Heriberto Estribí, de la firma Panamá Global Solutions.

Con testamento

El caso de Lucom lleva más de 5 años sin una decisión en firme, y al parecer continúa una larga espera para el veredicto final.

“Dos años es el tiempo máximo de resolución en los procesos judiciales de repartición de herencia en los casos sin testamento, y de menos de 18 meses con testamento”, compara el exmagistrado Rubén Elías Rodríguez.

El testamento designa el bien específico que recibe una persona, la manera y el momento en que debe recibirlo, y puede realizarse en forma abierta o cerrada, ambas diligencias ante cualquier notario del país.

“El testamento abierto se celebra ante un notario y delante de tres testigos. El funcionario lo eleva a escritura pública. En uno cerrado, el titular de un patrimonio entrega el documento en sobre sellado a un notario, y le dice que allí va contenida ‘mi última voluntad’, que se conocerá con el momento de fallecer el testador”, aclara el litigante Luis Quiel de la firma Mossak Fonseca, Mossfon Trust Corp.

Expertos sugieren una fórmula un tanto vetusta pero bastante segura que impide defraudaciones y delitos mediante testamento.

El testador (persona con intenciones de repartir sus bienes) redacta un testamento ológrafo, o sea con su puño y letra, ante una autoridad judicial y con ello evita enmendaduras, falsedades o yerros en la nominación de los herederos, la forma de recibir su cuota hereditaria y el momento correspondiente.

En Panamá predomina la plena libertad del testador al adjudicar sus bienes patrimoniales tras su fallecimiento. “La única excepción consiste en satisfacer la educación, la salud y la vivienda de los hijos menores de edad (Winston Charles Lucom no tenía hijos)”, asegura Rubén Elías Rodríguez.

El incumplimiento de las formalidades del testamento ocasiona su nulidad, y su realización no reviste mayores dificultades. “Debe incluir el nombre completo de la persona que lo crea, y su firma, y fijar el lugar y la fecha donde se elaboró el documento”, enuncia Luis Quiel.

Pese a la recepción por parte del notario y la posterior configuración del testamento, los renglones formales del documento sin llenar pueden dar paso a interpretaciones ambiguas.

Los más frecuentes son la elaboración de testamentos en diferentes notarías, y la fijación del régimen legal que gobierna los bienes.

Ambas situaciones generan un proceso contencioso (de confrontación entre los posibles herederos) ante el juez.

Los procesos de repartición hereditaria tienen una notable diferencia en sus costos: con testamento son casi gratuitos, pues requieren de poca o ninguna actuación del abogado; el contencioso significa gastar dinero, a veces mucho dinero, y exige una mayor intervención del abogado litigante, pagar peritos e incurrir en otros gastos.

“Los honorarios del jurista oscilan entre el 15% y el 20% de la valoración total de la masa patrimonial. Terminan siendo herederos inesperados, a veces mejor beneficiados que los hijos o el cónyuge sobreviviente”, reconoce Rubén Elías Rodríguez.

Exmagistrado Rodríguez, ¿Qué tan cierto es que algunos abogados llegan a cobrar más del 30% de la masa patrimonial de la persona fallecida? “Muy cierto, y es una pena, porque 20% de la masa patrimonial es la máxima tarifa de honorarios que se puede cobrar en estos procesos, y ya de por sí es una retribución alta”, responde.

Sin testamento

Toda situación crítica es susceptible de agravarse dice la Ley de Murphy. Sin testamento de por medio, sin esa última voluntad de la persona antes de fallecer, a los familiares e interesados en una herencia les espera un largo proceso que puede superar “los cinco años y hasta los 10 años a la espera de la resolución del juez”, comenta Rodríguez.

La larga espera ya la deben padecer los familiares e interesados en la masa patrimonial de Hugo Torrijos Richa, empresario panameño a quien la muerte tomó por sorpresa a los 57 años de edad.

Falleció el 21 de diciembre de 2010, nunca elaboró un testamento y dejó un conglomerado empresarial compuesto por compañías de servicios marítimos y portuarios que llegaron a facturar más de 3 millones de dólares por año. El proceso se ha hecho público y su definición empieza a suscitar expectativas a la altura del caso Lucom.

El proceso tiene un ingrediente extra que lo hace más interesante: durante el gobierno de Mireya Moscoso, el contralor

Alvín Weeden embargó los bienes y congeló las cuentas de Torrijos Richa vinculados a la empresa Ports Engineering & Consultants Corporation. La medida sigue vigente.

Además, los familiares e interesados en la herencia de Hugo Torrijos Richa también deben saber el orden de sucesión fijado por la ley panameña, de estricto cumplimiento en ausencia de un testamento.

“Primero heredarán los parientes en línea recta descendiente, es decir hijos y nietos sin importar si estos fueron concebidos con diferentes personas; y si la persona que muere tenía cónyuge, éste heredará el usufructo de la herencia. Si al momento de la defunción no tenía hijos ni cónyuge, sigue un orden ascendente, o sea padres y abuelos, y en su defecto hermanos, tíos y primos”, detalla Luis Quiel. En último término serán beneficiados el Estado y los municipios. (Ver recuadro: El orden de la sucesión).

Y todos felices

La capacidad de una persona de seguir ordenando el destino de sus bienes después de su deceso, el conocimiento apenas leve de los costos de un proceso testamentario y de las otras formas de transferir los bienes tras la muerte, son argumentos del abogado Heriberto Estribí que sustentan el evitar la repartición de una herencia ante un juez.

“Dejar una vida organizada impide que los seres queridos sufran un trauma de largos años y [paguen] altos costos al recibir los bienes dispuestos para ellos”, reflexiona Estribí.

La fundación de interés privado nace de la voluntad del fundador (dueño de la masa patrimonial) sin intervención de autoridad alguna, y satisface pretensiones personales de aquel, comenta Juan Pablo Fábrega.

Esa figura es una persona jurídica (ente ficticio con capacidad para adquirir derechos y obligaciones), autónoma y con existencia legal propia, diferente del fundador y de los beneficiarios.

“Los bienes de la fundación constituirán un patrimonio separado de los bienes personales del fundador”, aclara Fábrega.

Una fundación de interés privado permite alcanzar metas particulares para la estructuración y protección de un patrimonio, y facilita la administración de bienes en favor de terceros, incluso con propósitos y efectos sucesorios, destaca Fábrega.

La entidad se ajusta a los propósitos del fundador, que en vida es el primer beneficiario con derecho a la totalidad de los bienes. Tras su fallecimiento se repartirá el patrimonio entre los beneficiarios o herederos.

La ventaja de una fundación de interés privado se establece con su asimilación a un híbrido entre una sociedad y un fideicomiso, según explica Edison Teano, abogado de la firma Mossak Fonseca.

Con la forma societaria tienen en común el patrimonio diferente al del creador, y por ende se encuentran desligados; y el de fideicomiso guarda relación con la obligación de elaborar un reglamento fundacional, documento privado que determina los parámetros de hacer realidad la voluntad del fundador.

Confiar en un tercero

El fideicomiso puede tener fines testamentarios, y en los términos simples de Estribí consiste en un contrato en el cual el titular del patrimonio (fideicomitente) nombra a un administrador llamado fiduciario, encargado de manejar los bienes en favor de los beneficiarios, conforme a reglas, instrucciones y condiciones previamente establecidas.

La persona entrega los bienes de su patrimonio, o parte de éste, a la cabeza del fiduciario.

Entre la ventajas del fideicomiso sobre la sucesión patrimonial, el gerente general del Banco Prival, Jaime Sosa Quintero, resalta la protección de activos mediante claras instrucciones de traspaso, sin necesidad de ir a un juicio de sucesión en el caso de herencias.

Las fundaciones de interés privado se asimilan a los fideicomisos, con la gran diferencia de que estos tienen a un tercero (fiduciario) responsable de la administración del fideicomiso, que en muchos casos otorga gran seguridad al fideicomitente o a los beneficiarios.

Señor Sosa, ¿De qué manera se puede interrumpir el contrato de fideicomiso? “Depende de las cláusulas específicas del fideicomiso. Existen fideicomisos irrevocables, como otros que se extinguen una vez se dan ciertas condiciones. Dependerá de las condiciones específicas del fideicomiso”.

Donar o entregar acciones

A nadie le gusta pagar impuestos, menos cuando estos suben con cierta frecuencia o cuando se crean nuevos tributos.

Las donaciones en usufructo de bienes inmuebles a los herederos “esquivan” el impuesto del 2% sobre el valor del bien, porque lo impide la ley fiscal, que libera de impuestos a las donaciones de inmuebles de padres a hijos, o entre cónyuges.

El contrato de donación hace imperativa una correcta redacción, “a fin de evitar que los hijos receptores de la donación desalojen a los padres y se hagan propietarios”, comenta Heriberto Estribí.

Este contrato exige además la previa autorización de la Dirección General de Ingresos del Ministro de Economía y Finanzas.

Las acciones al portador de sociedades anónimas tienen la virtud de que su transferencia es posible con la sola firma del poseedor en el reverso del documento, también denominado certificado.

Son una buena estrategia si se guardan en un lugar seguro. Tienen la desventaja de que personas ajenas se pueden apoderar legalmente de propiedades y fortunas de otras familias, con la tenencia de los certificados de acciones al portador, estima Estribí.

Los acreedores de la persona fallecida se pueden acercar a reclamar su derecho en la etapa de inventario en el proceso de sucesión. De lo contrario, pierden la oportunidad de cobrar su deuda. Los herederos pueden rechazar una herencia, porque puede tener gravámenes onerosos. Y es bueno recordar que las deudas también se heredan.

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