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La Falsedad en documento mercantil por Particular

by international globalization on marzo 8th, 2011

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL COMETIDA POR PARTICULAR EN ESPAÑA

El delito de falsedad definido en el artículo 392.1 del Código Penal sanciona al particular que cometa en documento público oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390.

Conducta típica de la Falsedad en documento mercantil por Particular

Tras la despenalización en el Código Penal de 1995 de las falsedades ideológicascometidas por particulares han concurrido dos líneas jurisprudenciales sobre las facturas falsas que simulan un negocio o prestaciones de servicios inexistentes:

-La primera postura (por ejemplo, caso Argentia Trust) afirma que estamos ante una falsedad ideológica impune siempre que el autor que aparece en la factura sea el que de verdad la emitió; no habría de considerarse como documento inauténtico y no sería de aplicación del artículo 390.1.2.º del Código Penal (simular total o parcialmente un documento, de forma que induzca a error sobre su autenticidad). Según esta interpretación, se limitaría la tipicidad de dicho precepto a las conductas que de alguna manera alteren el soporte material del documento; como cambiar el nombre del emisor

o falsear su firma o sello. El que se documente un negocio jurídico simulado o se mienta sobre la causa del contrato no entrarían dentro de su ámbito; lo que no impediría considerar que tales facturas puedan ser instrumento para cometer un delito distinto, cual puede ser una estafa o una malversación, o que integren la modalidad comisiva del artículo 390.1.4.º del Código Penal cuando los sujetos activos sean autoridad o funcionarios públicos. Esta solución es la seguida en derecho comparado por otros ordenamientos como el alemán.

-La segunda postura (por ejemplo, caso Filesa) defiende, al contrario, que no puede considerarse como auténtico aquel documento que es incierto en su integridad salvo en su emisor porque conllevaría consecuencias negativas para la seguridad del tráfico mercantil e incluso para el normal desarrollo de una convivencia organizada en un ámbito de confianza. Según esta interpretación, se subsume en el artículo 390.1.2.º dos supuestos de inautenticidad: A la falta de autenticidad subjetiva (cuando el documento no sea genuino porque el autor aparente no coincide con el autor real) suma la falta de autenticidad objetiva (cuando el documento se confeccione con la finalidad de acreditar en el tráfico una relación o situación jurídica inexistente); en resumen, que se haya despenalizado para particulares faltar a la verdad en la narración de los hechos (artículo 390.1.4.º del Código Penal) no supondría que se hayan despenalizado las restantes modalidades de falsedad ideológica.

El Pleno no jurisdiccional de la Sala 2.ª del TS de 26 de febrero de 1999 se pronunció a favor de esta segunda tesis, es decir, a favor de incriminar como falsedad ideológica la creación de documentos falsos en su contenido, al reflejar una operación inveraz por inexistente, aunque no concurrieran falsedades materiales en el documento emitido.

El Tribunal Constitucional también se pronunció de forma favorable a que la simulación total de documento sea siempre punible con la nueva regulación (SSTC 123/2001 y 127/2001, de 4 de junio de 2001).

A partir de entonces y hasta las más recientes han abundado las sentencias (SSTS 784/2009, 35/2010, 278/2010) en las que se recuerda que la diferenciación entre los párrafos 2.º y 4.º del artículo 390.1 del Código Penal debe efectuarse incardinando en el párrafo segundo aquellos supuestos en que la falsedad no se refiera exclusivamente a alteraciones de la verdad en algunos de los extremos consignados en el documento, que constituirían la modalidad despenalizada para los particulares de faltar a la verdad en la narración de los hechos, sino al documento en sí mismo en el sentido de que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídica absolutamente inexistente.

+ Benita Ofelia:

La acusación particular, además de cometer el error de poner en relación el artículo 392 del Código Penal con el artículo 390.1.4.º del mismo texto legal, no ha justificado su imputación por este delito. Las irregularidades en la designación de la acusada y la indeterminación del precio en el encargo no conllevan que pueda considerarse inexistente la participación de Benita Ofelia en los procesos judiciales sobre la segregación de San Pedro de Alcántara, como exige el tipo analizado. Nadie ha cuestionado que las Minutas en cuestión fueron emitidas por la acusada (autenticidad subjetiva) y también es evidente que existió su actuación en el recurso contencioso administrativo número 1017/1994 (autenticidad objetiva); por lo que su conducta es atípica como falsedad documental ideológica.

+ Melchor Dario:

Ambas acusaciones coinciden en imputar a Melchor Dario este delito de falsedad documental por las minutas que libró por rellenar los formularios SMM1, por la fiscalización ante el Tribunal de Cuentas, por la Minuta [...] respecto a la disolución y liquidación de “Control de Gestión Local, S.L.” y por la minuta [...] sobre el asunto del Mercado municipal. A las que el Ministerio fiscal añade las minutas relacionadas con la fase de enjuiciamiento y la acusación particular, por su parte, incluye las minutas [...] y [...].

En los conceptos de todas las minutas referidas se ha evidenciado en el plenario que existen numerosas falsedades, como se ha comentado al valorar las pruebas practicadas; pero, esta Sala considera que se tratan de falsedades ideológicas de las no tipificadas. Al igual que en el caso de Benita Ofelia, la autenticidad subjetiva de los documentos nunca se ha cuestionado y en cuanto a la objetiva según el criterio de autenticidad lata, aunque se trata de asuntos donde era innecesaria la intervención de abogado externo del Ayuntamiento, no ha quedado probado con el rigor procesal exigible que la actuación del acusado en los mismas fuese inexistente. El principio in dubio pro reimpone el dictado de un pronunciamiento absolutorio a este respecto.

+ Conse jos de Administración de las sociedades municipales de 10 de enero de 2000:

La imputación por parte de la acusación particular a Marcelino Felix, Rodrigo Lazaro y Landelino Gines del delito de falsedad documental por los Consejos de Administración de las sociedades municipales reunidos el 10 de enero de 2000 debe también rechazarse porque esta Sala considera probado que tales reuniones se celebraron.

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