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Reino Unido y España

Residencia fiscal en el Reino Unido

Una persona física es residente del Reino Unido
a efectos impositivos, si vive en el Reino Unido
durante un período o períodos equivalentes a seis
meses del año fiscal. Se le considera también como
residente del Reino Unido: (i) si todos los años. y
como promedio, visita el Reino Unido por tres
meses o más, o (ii) si tiene para su uso una vivienda
en el Reino Unido y visita el Reino Unido en
cualquier período del año fiscal. El año fiscal comprende
desde el 6 de abril hasta el 5 de abril del
año siguiente.

Definición de residencia
En España sólo existen dos clases de sujetos
pasivos por renta personal –“residentes” y “no
residentes”– derivados del factor residencia, definidos
por una clara normativa fiscal al respecto. En
cambio, en el Reino Unido la ley fiscal no ha regulado
el concepto de residencia, sino que al basarse
en el derecho común, hay ocho clases distintas de
residencia fiscal –si bien algunas tienen consecuencias
fiscales muy similares– que derivan de la combinación
de tres factores: La residencia (resident),
la residencia habitual (ordinary resident), y la vecindad
(domicile).
— “Residente” (resident): Se basa en la verdadera
presencia física, teniendo tal consideración aquellos individuos que permanecen
en el Reino Unido durante, al menos,
183 días. Ejemplo: un español que está trabajando
durante 200 días en el Reino
Unido será tratado como residente, pero
no como residente habitual, pues habitualmente
siempre ha residido en España.
— “Residente habitual” (ordinary resident): Se
basa en la habitualidad, es decir, en el
hecho de que un individuo haya sido, año
tras año, residente en el Reino Unido, así
como en su intención presente y futura
respecto a su presencia física en el Reino
Unido. Ejemplo: un londinense que siempre
ha vivido en Londres, pero que durante
un año está 200 días en España.
— “Vecindad civil” (domicile): Se basa en el
fuero civil personal del individuo, que regirá
su régimen económico matrimonial y su
sucesión hereditaria. Ejemplo: un alavés que se traslade a vivir a Londres pero no
renuncia a seguir rigiéndose en lo personal
por el Derecho Foral de Álava. La clave
está en conservar la vecindad civil extranjera,
y en poder probar que ésta ha sido
siempre la intención del individuo.

Tributación por renta mundial y
remittance basis
Para los que no son nacionales del Reino Unido
la vecindad civil es el principal factor que determinará
si se ha de tributar por renta mundial o sólo
por la renta de origen en el Reino Unido –y la remitida
allí (remittance basis)–. No obstante también
se aplica en otros supuestos como cuando se trata
de salarios provenientes del extranjero de un residente
–pero no residente habitual– o de inversiones
de un residente –pero no habitual– nacional de
Irlanda o de la Commonwealth.
En resumen, un individuo extranjero no tributará
por renta mundial, sino sólo por aquella que se
remita al Reino Unido –además de la que tenga su
origen allí– cuando dicho individuo mantenga su
vecindad civil de origen, independientemente de su
situación como residente habitual en el Reino Unido.
3.4. Estrategia a seguir
No obstante las definiciones que hemos dado de
residente y de residente habitual, en ambos casos es
posible obtener dicho estatus desde el primer día de
llegada al Reino Unido si la intención de individuo –lo
cual ha de poder probarse– es la de permanecer –o
visitar una media de 91 días– durante algunos años
–mínimo de cuatro años– en el Reino Unido, por lo que deberán estudiarse detenidamente los pasos a
seguir (tipo de alquiler, inversiones, cuantía de los
depósitos bancarios, declaraciones fiscales, etc.).
Finalmente debemos aclarar que en el Reino
Unido el año fiscal no coincide con el año natural,
sino que va del 6 de abril al 5 de abril del año
siguiente, lo que en ocasiones será de gran interés
para la planificación fiscal internacional.
En cambio, el concepto de residente tiene un
sentido muy diferente en el Reino Unido, puesto
que se distingue entre residente y domiciliado. En
síntesis, para ser residente basta con permanecer
en el Reino Unido durante 90 días (resident), o bien
disponer de una vivienda de modo permanente
(ordinarily resident). En cambio el concepto de
domiciliado hace referencia a la idea de residencia
permanente, de “establecerse permanentemente”,
equivalente, por tanto, a nuestro concepto de residencia
fiscal. En todo caso hay que señalar que se
trata de conceptos que no están definidos en ninguna
norma escrita, sino que son conceptos de
Common Law, es decir, que han ido siendo configurados
por la práctica jurisprudencial.
Esta distinción conceptual entre residente y
domiciliado en el Reino Unido, tiene sus consecuencias
desde un punto de vista fiscal, toda vez
que aquellos individuos residentes en UK pero que
no están domiciliados, son gravados por los ingresos
y beneficios obtenidos en dicho territorio, y
por aquellos que les sean remitidos a dicho país, no
teniendo obligación de presentar declaraciones por
los ingresos y beneficios que se obtengan fuera del
Reino Unido y que no se remitan allí. En definitiva,
los residentes no son gravados en el Reino Unido por
su renta mundial, no así los domiciliados, por lo que
el término equivalente, a efectos fiscales, a nuestro
residente fiscal, no es otro que el domiciliated británico,
y no el resident.
Por tanto los residentes sólo tributan en el
Reino Unido por las rentas generadas allí, y por los
beneficios e ingresos obtenidos en cualquier otra
parte pero que se remitan a dicho territorio.
4. CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y
REINO UNIDO PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN
El ámbito de cobertura de los convenios fiscales
se extiende a las personas o entidades residentes fiscales
en cada uno de los Estados contratantes, que
cumplan los requisitos específicos en su caso requeridos
por el tratado (arts. 1 y 4 Modelo de CDI).
Cada uno de los Estados que suscriben un CDI,
delimita quienes son a tal efecto sus respectivos
residentes fiscales. Será necesario examinar siempre
cada tratado en particular, dada la singularidad
que en sus cláusulas puedan estipularse.
El principal problema a la hora de aplicar las normas
en relación con la residencia fiscal se sitúa en el
terreno de los conflictos de “doble residencia”. No
es infrecuente que las legislaciones domésticas de
dos Estados coincidan en calificar como residente
fiscal en sus respectivos territorios a una misma
persona física. Basta pensar en un sujeto que, por
razón del tiempo de su permanencia fuera considerado
residente fiscal en un país y simultáneamente
en otro Estado ubicara su actividad o el centro de
sus intereses económicos.
La consecuencia inmediata de esta situación
sería un nivel de “doble imposición” máximo, en
tanto el infortunado contribuyente podría ser gravado
por sus rentas totales en ambos territorios,
sólo atenuada por los posibles mecanismos unilaterales
de cada país en materia de doble imposición
internacional.
Pues bien, los CDI aspiran a evitar esa desagradable
circunstancia. Todo tratado incorpora una
norma específica (típicamente el art. 4) para resolver
dicha cuestión, dictándose ciertos criterios
decisorios para dirimir los conflictos de doble residencia
que pudieran suscitarse entre los Estados
firmantes del tratado.
El Modelo de Convenio OCDE menciona una
serie de criterios que pueden provocar la sujeción
por la renta mundial obtenida en un Estado. Estos
criterios se interpretan de acuerdo con el significado
que le atribuya el Derecho de cada Estado. En
este sentido ,cada Estado establece de forma autónoma
los puntos de conexión que determinan que
una persona este sometida a tributación por obligación
personal.
Uno de los presupuestos sobre el que se asienta
el concepto de residencia del MC OCDE (gravamen
por la renta mundial obtenida), no requiere
por sí mismo que efectivamente los rendimientos
obtenidos en la fuente tributen en el Estado de
residencia. Esta circunstancia puede explicarse
porque el concepto de residencia no se configura
solamente en atención a ese parámetro, sino también
sobre el hecho de que las personas sujetas por
fa renta mundial obtenida guardan un vínculo fijo y
estable con el Estado de residencia.
Esta “presunción” se desprende de los criterios
que determinan la sujeción por la renta mundial
obtenida en un Estado. En este sentido, el artículo
4 del MC OCDE señala que la expresión residente
de un Estado contratante “significa toda persona
sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio
de naturaleza análoga”. Los puntos de conexión
que menciona el Modelo implican, al menos
aparentemente, que el contribuyente tiene un vínculo
fáctico con el territorio del Estado de residencia
(localy related criteria).
Las reglas que establece el Modelo Convenio
OCDE pretenden dar preferencia al vínculo con un
Estado frente al vinculo con el otro. Los criterios
de preferencia que se proponen pretenden eliminar
cualquier genero de dudas, de forma que la
persona afectada por la situación de doble residencia
cumpla las condiciones requeridas por estos criterios
solamente en un Estado. Asimismo, estos
criterios de preferencia se han configurado con el
fin de reflejar una vinculación de tal naturaleza que
justifique la atribución de! derecho de gravamen a!
Estado en cuestión.
El Modelo de Convenio OCDE no define los
puntos de conexión enumerados en el artículo 4.2
del mismo. Esta omisión plantea la duda acerca de si
en este caso es posible acudir al Derecho interno
del Estado que aplica el convenio para dotar de significado
a estos conceptos (art. 3.2 Modelo de Convenio
OCDE). Respecto a determinados criterios,
como el de la nacionalidad, la remisión al Derecho
interno es ineludible. Las normas sobre nacionalidad
de cada Estado determinarán cuándo una persona
es o no nacional. La remisión al Derecho interno no
es tan clara cuando nos referimos a los tres conceptos
de carácter material empleados por el Modelo
de Convenio OCDE: vivienda permanente, centro
de intereses vitales y permanencia habitual.
La remisión al Derecho interno no es la solución
más adecuada. Los tres criterios que se han
enumerado no tienen por qué significar lo mismo
en cada Estado. Si esto es así, los Estados implicados
podrían dar una solución no uniforme. En este
sentido, debe repararse que el hecho de que la
remisión al Derecho interno no es siempre posible,
o mejor dicho, no es siempre eficaz, porque no
todos los ordenamientos contemplan una definición
de estas expresiones . Por este motivo los
conceptos que enumera este artículo deberían
interpretarse de forma autónoma. Así lo ha entendido
la doctrina. A pesar de que el Modelo de Convenio
OCDE no defina de forma expresa estos
conceptos, el contexto de los Convenios reclama
que los mismos se interpreten de forma autónoma.
No procedería, por o tanto, la remisión al Derecho
interno. Los Comentarios al artículo 4 Modelo de
Convenio OCDE aclaran cómo deben interpretarse
estos puntos de conexión.
Un factor que contribuiría notablemente a la
aplicación uniforme de estos puntos de conexión
sería incoando el procedimiento amistoso previsto
en los Convenios para resolver las situaciones de
doble residencia. Esta vía garantizaría una interpretación
y aplicación simétrica de las reglas convencionales
de doble residencia en los dos Estados
contratantes implicados. No obstante, el Modelo
de Convenio OCDE no obliga a ello. Tanto la
Administración como los Tribunales pueden aplicar
estos criterios directamente. En cualquier caso, la
utilización del procedimiento amistoso en esta
materia debe valorarse positivamente.
Asimismo, se debe significar que sólo puede
recurrirse al artículo 4. 2 Modelo de Convenio
OCDE cuando una persona física tiene la consideración
de residente en ambos Estados parte del
mismo. No nos encontraremos ante una situación
de doble residencia en la que procede la aplicación
del artículo 4.2 Modelo de Convenio OCDE cuando
una persona física, a pesar de estar sujeta a tributación
en los dos Estados por la renta mundial
obtenida, sólo puede considerarse que es residente
en el sentido del artículo 4.1 Modelo de Convenio
OCDE en uno de ellos. En estos casos no
existe una situación de doble residencia que
merezca la intervención del artículo 4.2 del Modelo
de Convenio OCDE. En esta hipótesis sólo hay
un Estado de residencia (dónde la persona física es
residente en el sentido del Modelo de Convenio
OCDE). A los efectos de la aplicación del convenio
el otro Estado sería el Estado de la fuente.
Por otro lado, estos criterios deben aplicarse en
su estricto orden sucesivo previsto por el artículo
4.2 Modelo de Convenio OCDE. Esto obliga a los
Estados parte a no acudir al siguiente criterio hasta
que hayan comprobado fehacientemente la imposibilidad
de resolver la situación de doble residencia
conforme al criterio que se está examinando.
En una ocasión el Consejo de Estado francés anuló
por este motivo un acuerdo entre la Administración
francesa y la Administración de EEUU alcanzado
en el seno de un procedimiento amistoso para
fijar la residencia de un contribuyente. El Consejo
de Estado consideró que no día acudirse al último
modo de fijar la residencia del artículo 4.2 Modelo
de Convenio OCDE (mutuo acuerdo) porque en
este supuesto era posible fijar la residencia, a los
efectos del convenio, en virtud del criterio del
“centro de intereses vitales”.
Si de acuerdo con la legislación del Reino Unido
y España, una persona física es residente de ambos
países, deberá resolverse el caso de acuerdo con
las normas establecidas en el Convenio suscrito
por ambos países. La regla básica es que tal persona
será considerada como residente del país en
que tenga una vivienda permanente a su disposi-ción, o si posee una vivienda permanente en ambos
países, del país en que se encuentre su centro de
intereses vitales.

El factor de la vivienda permanente.
En primer lugar “esta persona será considerada
residente del Estado donde tenga una vivienda permanente
a su disposición”.
Se da prioridad en primer término, por tanto, al
Estado donde se disponga de una “vivienda permanente”,
que no ha de serlo necesariamente a título
de propiedad, ya que bastará la posesión o disfrute
de una vivienda, “a condición de que tenga el
carácter de permanente”, “que la persona la haya
amueblado y reservado para su uso con intención
de permanencia” (dicen los Comentarios al Modelo
de CDI). La noción de vivienda permanente
abarca o comprende cualquier modalidad en sentido
amplio del término: casa, piso, apartamento
propio o arrendado, habitación amueblada, etc. Lo
significativo es que la vivienda tenga carácter estable,
es decir, la permanencia en la vivienda se considera
esencial, lo que significa que el interesado ha
hecho lo necesario para tener el””alojamiento a su
disposición en todo tiempo, de manera continua y
no ocasionalmente”.
2. El factor del “centro de intereses vitales”.
Como segundo criterio a tener en cuenta en el
caso de que la persona física afectada por el conflicto
de la doble residencia en ambos Estados dispusiera
de vivienda permanente en ambos países, se
considerará residente del Estado en el que tenga el
“centro de intereses vitales”, en definitiva es donde
cuente con las relaciones personales y económicas
más estrechas.
Por tanto se atiende como segundo criterio
dirimente al lugar donde radican las relaciones
familiares y sociales de la persona, sus ocupaciones
y actividades de todo tipo: culturales, políticas,
profesionales, económicas, etc., contempladas
todas ellas en su conjunto, con especial atención a
la conducta “vital” del contribuyente (ver STS de 4
de julio de 2006).

Orden de 22 de septiembre de 1977 sobre aplicación de determinados artículos del Convenio entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

El Convenio entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio fue firmado el 21 de octubre de 1975, el intercambio de los Instrumentos de Ratificación se produjo el 26 de octubre de 1976 y la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 18 de noviembre de 1976. La aplicación de algunas de las disposiciones del Convenio, como son las relativas a dividendos, intereses y cánones, determinan la conveniencia de establecer normas que regulen el procedimiento a seguir para la mejor efectividad de los límites que se establecen en dichas disposiciones.
Se siguen, por regla general, las directrices establecidas en reglamentaciones de anteriores Convenios Internacionales del mismo carácter, introduciendo las peculiaridades impuestas por las especialidades del sistema fiscal del Reino Unido.
Este Ministerio, de acuerdo con la Autoridad competente en el Convenio del Reino Unido, se ha servido disponer:
Primero. Residentes de España.
A. Rentas comprendidas en el artículo 10 del Convenio.
a. Las personas o entidades que tengan la condición de residentes de España, conforme a lo previsto en el artículo 4 del Convenio, que hayan percibido dividendos procedentes del Reino Unido, podrán pedir a las autoridades fiscales de dicho país el pago del exceso del crédito fiscal, aplicable sobre tales dividendos, sobre su deuda tributaria en el Reino Unido, exigida según un tipo que no exceda del 15 % de la suma del importe del dividendo y del crédito fiscal, según lo establecido en el artículo 10, 2) y 3) del Convenio.
b. La solicitud para el pago del crédito fiscal ha de hacerse, siguiendo las instrucciones contenidas en el folleto explicativo (anexo número 1 a la presente Orden), utilizando el formulario SPA/INDIVIDUAL/CREDIT, cuando el perceptor de los dividendos sea una persona física, o el SPA/COMPANY/CREDIT , cuando se trate de una persona jurídica. Estos formularios, en versión española e inglesa, se facilitarán en España, por la Delegación de Hacienda del domicilio fiscal del residente de España, y en el Reino Unido, por el Inspector of Foreign Dividends, Lynwood Road, Thames Ditton, Surrey, England, KT7 ODP.
Cumplimentados por la persona o entidad beneficiaria de los dividendos los datos que figuran en el formulario, éste y su duplicado, ambos en lengua inglesa y española, se presentarán, caso de tratarse de la primera solicitud, en la Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal. La Sección de Convenios Internacionales, o la oficina que desempeñe tales funciones en dicha Delegación, teniendo en cuenta los antecedentes que obren en ella y, en su caso, el documento nacional de identidad, pasaporte o documento acreditativo de la residencia, cuya exhibición podrá ser exigida, extenderá la diligencia que figura incluida en el formulario, conservando uno de los ejemplares en español. El solicitante remitirá los formularios así diligenciados al Inspector of Foreign Dividends en el Reino Unido.
De no tratarse de la primera solicitud, el solicitante remitirá directamente los formularios, sin necesidad de diligencias previas, al Inspector of Foreign Dividends en el Reino Unido.
En cualquier caso, las solicitudes deberán formularse dentro de los seis años siguientes al año en que se produjo el gravamen de la renta referida.
B. Rentas comprendidas en los artículos 11, 12, 18 y 22 del Convenio.
a. Las personas o entidades, residentes de España, que perciban intereses y cánones procedentes del Reino Unido, podrán pedir a las autoridades fiscales de dicho país, en relación con el Impuesto sobre la Renta del Reino Unido, la reducción o, en su caso, la devolución del exceso ingresado, a los límites del 12 % y del 10 %, respectivamente, establecidos en los artículos 11 y 12 del Convenio, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los mismos.
b. Las personas físicas residentes de España tendrán derecho, asimismo, a la exención del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido sobre pensiones pagadas en consideración a un empleo pasado y anualidades procedentes del Reino Unido, en los términos del artículo 18 del Convenio.
c. Las solicitudes de reducción, exención o devolución, en su caso, referidas anteriormente, se efectuarán utilizando el formulario SPA/INDIVIDUAL cuando el perceptor de la renta sea una persona física, o el SPA/COMPANY cuando se trate de una persona jurídica.
La obtención de estos formularios, diligenciado, procedimiento y plazo, se regirán por las normas expresadas en el apartado A), b), precedente; no obstante lo anterior, en el supuesto de segundas o ulteriores solicitudes se requerirá en todo caso el diligenciado por la Delegación de Hacienda.
d. Las personas o entidades residentes de España que perciban rentas comprendidas en el artículo 22 del Convenio, procedentes del Reino Unido, podrán solicitar, de acuerdo con dicho precepto, la exención de las mismas, mediante escrito dirigido al Inspector of Foreign Dividends, en el que se indicará el nombre y dirección de la persona pagadora, así como los detalles sobre dichas rentas.
Segundo. Residentes del Reino Unido.
A. Rentas comprendidas en los artículos 10 y 11 del Convenio
a. Los dividendos e intereses procedentes de España que perciban las personas o entidades que, conforme al artículo 4 del Convenio, tengan la condición de residentes del Reino Unido, se gravarán en España por el Impuesto sobre las Rentas de Capital mediante retención en la fuente, practicada con límites establecidos en los artículos 10 y 11 de dicho texto. Para que tenga lugar la aplicación de estos límites será preciso formular la petición a las autoridades fiscales españolas.
b. La solicitud se hará necesariamente en el modelo de formulario EE-RU, REDUCCION. El formulario se facilitará por las autoridades fiscales del Reino Unido. Cumplimentado el formulario por el beneficiario y extendida la diligencia que figura en el mismo por la oficina fiscal del Reino Unido, que es competente para someter al beneficiario a los Impuestos sobre la Renta, remitirá aquél los dos ejemplares, en español, a la persona o entidad residente de España deudora de las expresadas rentas. Esta persona o entidad, al abonar los dividendos o intereses efectuará la retención del Impuesto español sobre las Rentas del Capital, aplicando los límites del Convenio (artículos 10 y 11), acompañando a la declaración-liquidación tributaria, que reglamentariamente debe presentar, uno de los ejemplares citados.
c. Si no se ha utilizado el procedimiento de reducción y el impuesto ha sido retenido según las normas de la legislación interna española, la aplicación del limite convencional se efectuará por devolución del exceso de impuesto retenido.
La solicitud se hará en el modelo EE-RU, DEVOLUCION que facilitarán las autoridades fiscales del Reino Unido. Cumplimentado el formulario y certificada la residencia, el ejemplar en español se remitirá por el beneficiario a la Delegación de Hacienda del domicilio del deudor de las rentas.
A esta solicitud deberá acompañarse, asimismo, certificación expedida por la persona o entidad obligada a retener el impuesto, en la que conste la fecha y el número de la carta de pago del ingreso, en que estuviere comprendida la retención efectuada al beneficiario. Cuando los datos se tomen directamente por la Administración, se harán constar en el expediente por medio de diligencia. Si la certificación no se acompaña a la solicitud, ni constarán en la Delegación de Hacienda respectiva los datos que deben figurar en aquélla, la oficina de gestión requerirá al que hubiera presentado la solicitud para que en el plazo de treinta días subsane la falta.
Cuando el beneficiario de los dividendos o de los intereses actúe por medio de persona que le represente, se unirá también a la solicitud el correspondiente poder acreditativo.
La solicitud de devolución se formulará en la Delegación de Hacienda respectiva, dentro de los dos años siguientes a la terminación del año natural en que se haya exigido el impuesto; a estos efectos se entenderá como fecha del ingreso el último día del plazo en que reglamentariamente debe efectuarlo la persona o entidad que retuvo el Impuesto.
El expediente se tramitará por la Sección de Convenios Internacionales o, en su defecto, por la oficina encargada del servicio, de la forma establecida en el artículo sexto del Decreto 363/1971, de 25 de febrero, salvo en lo referente al plazo; el acuerdo de devolución se dictará por la Delegación de Hacienda respectiva.
d. En un mismo formulario podrán solicitarse varias devoluciones cuando todas ellas se encuentren dentro del plazo indicado en la letra c) anterior, siempre que correspondan a ingresos efectuados en una misma Delegación de Hacienda.
B. Rentas comprendidas en los artículos 12, 18 y 22 del Convenio.
a. Los cánones procedentes de España que perciban las personas o entidades que, conforme al artículo 4 del Convenio, tengan la condición de residentes del Reino Unido, se gravarán en España por el Impuesto sobre las Rentas del Capital mediante retención en la fuente practicada con el límite establecido en el artículo 12 de dicho texto. Esta retención limitada se aplicará por el deudor residente de España, utilizando el beneficiario el formulario EE-RU, REDUCCION CANONES en la forma indicada en el apartado segundo A), b), de esta Orden, respecto a los formularios sobre dividendos e intereses.
A la declaración-liquidación tributaria que debe presentar reglamentariamente el deudor de los cánones, se acompañará dicho formulario, expresando, además, las circunstancias que sobre el particular figuren en los documentos otorgados para el uso o la concesión de uso de los derechos y elementos, en general, contenidos en el artículo 12 del Convenio.
b. Cuando el deudor de los cánones hubiera retenido el impuesto, según las normas de la legislación interna española, como si no existiera Convenio, la persona o entidad residente del Reino Unido, beneficiaria de tales cánones, podrá pedir a las autoridades fiscales españolas la devolución del exceso del impuesto español retenido en la fuente.
Para la solicitud de devolución se utilizará el formulario EE-RU, DEVOLUCION CÁNONES en la forma indicada en el apartado segundo A), c), de esta Orden. Al formulario se acompañará la certificación a que se refiere el párrafo tercero de dicho apartado, comprensiva del ingreso del impuesto sobre los cánones de que se trate.
Dichas devoluciones se regularán por las mismas disposiciones que, con referencia a dividendos e intereses, se contienen en el susodicho apartado segundo, A, c).
c. Las pensiones pagadas en consideración a un empleo anterior y anualidades a que hace referencia el artículo 18 del Convenio procedentes de España, y que perciban las personas físicas residentes del Reino Unido, estarán exentas de imposición en España, sin ser necesaria petición alguna ante las autoridades fiscales españolas, y sí sólo la certificación acreditativa de que el beneficiario es residente del Reino Unido.
La misma norma regirá para las rentas procedentes de España comprendidas en el artículo 22 -rentas no mencionadas expresamente en otros artículos del Convenio- que sean percibidas por personas o entidades residentes del Reino Unido.
Tercero. Certificaciones.
Dentro de sus respectivas competencias de orden territorial, las Secciones de Convenios Internacionales de las Delegaciones de Hacienda o, en su defecto, las oficinas liquidadoras de los impuestos convenidos, expedirán, previas las oportunas comprobaciones, los certificados de residencia que se soliciten por escrito, a los efectos de aplicación del Convenio, por las personas y entidades que tengan la condición de residentes de España en el sentido del artículo 4 del mismo.
Sin perjuicio de los datos y antecedentes que obren en las expresadas oficinas, para probar el hecho de la residencia podrán exigirse del solicitante la exhibición de los documentos indicados en el párrafo segundo del apartado primero A), b), de esta Orden.
Igualmente corresponderá a las expresadas oficinas expedir los demás certificados que se les soliciten por las personas o entidades interesadas, siempre que tengan por objeto el que por España o por el Reino Unido se apliquen cualesquiera de las disposiciones del Convenio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a vuestra ilustrísima muchos años.
Madrid, 22 de septiembre de 1977.

…………………

ANEXO NÚMERO 1.
FORMULARIO SPA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL REINO UNIDO SOLICITUDES FORMULADAS POR RESIDENTES DE ESPAÑA DE ACUERDO CON EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN ENTRE EL REINO UNIDO Y ESPAÑA.
1. Norma general.
De acuerdo con el convenio para evitar la doble imposición entre el Reino Unido y España, un residente de España tiene derecho bajo ciertas condiciones:
a. Con respecto a los dividendos pagados por empresas del Reino Unido después del 5 de abril de 1976, a recuperar el exceso del crédito fiscal aplicable sobre tales dividendos sobre su deuda tributaria en el Reino Unido exigida según un tipo que no exceda del 15 % de la suma del importe del dividendo y del crédito fiscal.
b. A la reducción del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido al límite del 12 % respecto de los intereses procedentes del Reino Unido.
c. A la reducción del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido al limite del 10 % respecto de los cánones (que no procedan de recursos naturales) derivados del Reino Unido.
d. A la exención del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido sobre pensiones (que no sean las abonadas por el Gobierno del Reino Unido o Irlanda del Norte, o las pagadas por una autoridad local del Reino Unido) y anualidades compradas.
Puede solicitarse, asimismo, la exención respecto de las rentas procedentes del Reino Unido a las que sean de aplicación las disposiciones del artículo 22 del Convenio; dicho artículo dispone que las rentas no mencionadas expresamente en anteriores artículos del Convenio, obtenidas por un residente de España, se gravarán, bajo determinadas circunstancias, solamente en España.
2. Condiciones.
a. Dividendos. Para poder solicitar el pago del crédito fiscal que exceda del impuesto del Reino Unido sobre el importe de los dividendos y del crédito, el solicitante debe ser residente de España y además el beneficiario efectivo de tales dividendos.
No podrá efectuarse pago alguno cuando el solicitante tenga un establecimiento permanente en el Reino Unido, y el título determinante de los dividendos esté efectivamente vinculado a un comercio o negocio realizados a través de aquél; o cuando el beneficiario efectivo de los dividendos sea una empresa residente de España que, sola o conjuntamente con una o más entidades asociadas, controle directa o indirectamente al menos el 10 % del derecho al voto en la empresa pagadora de los dividendos.
b. Intereses y cánones. Para poder solicitar la reducción del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido, el solicitante debe ser residente de España y beneficiario efectivo de las rentas. No procede tal reducción del impuesto si el crédito generador de los intereses (o, en su caso, el derecho o propiedad que genera los cánones) está efectivamente vinculado a un negocio efectuado por el solicitante a través de un establecimiento permanente situado en el Reino Unido, o se ha originado o cedido principalmente para beneficiarse del artículo correspondiente del Convenio, y no por razones de buena fe comercial.
c. Pensiones y anualidades compradas. Para poder solicitar la exención del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido, el solicitante debe ser residente de España, y las pensiones pagadas en consideración a un empleo pasado.
3. Definición de ciertos términos utilizados en el convenio.
a. Residente de España. El término residente de España significa:
i. Cualquier persona, incluyendo a una compañía, que, de acuerdo con la legislación española esté sujeta a imposición en este país en virtud de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga; sin embargo, el término no incluye a las personas físicas sujetas a imposición en España sólo por lo que respecta a las rentas procedentes de este país; y
ii. Cualquier persona residente en España y del Reino Unido, y que de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Convenio, sea considerada únicamente como residente de España.
Una persona física es residente del Reino Unido a efectos impositivos, si vive en el Reino Unido durante un período o períodos equivalentes a seis meses del año fiscal. Se le considera también como residente del Reino Unido:
iii. Si todos los años. y como promedio, visita el Reino Unido por tres meses o más; o
iv. Si tiene para su uso una vivienda en el Reino Unido y visita el Reino Unido en cualquier período del año fiscal. El año fiscal comprende desde el 6 de abril hasta el 5 de abril del año siguiente.
Se considera que una empresa es residente del Reino Unido si sus negocios se dirigen y controlan en el Reino Unido.
Si, de acuerdo con la legislación del Reino Unido y España, una persona física es residente de ambos países, deberá resolverse el caso de acuerdo con las normas establecidas en el Convenio. La regla básica es que tal persona será considerada como residente del país en que tenga una vivienda permanente a su disposición, o si posee una vivienda permanente en ambos países, del país en que se encuentre su centro de intereses vitales. Una compañía residente de ambos países se considerará que lo es del país en que se encuentre su sede de dirección efectiva.
b. Dividendos. La palabra dividendos incluye cualquier renta que de acuerdo con la legislación del Reino Unido se considere como dividendo o distribución de una compañía, distintos de los intereses respecto de los cuales se limita el Impuesto sobre la Renta del Reino Unido, en virtud del artículo 11 del Convenio.
c. Establecimiento permanente. Esta expresión significa un lugar fijo de negocios en el que la empresa efectúa toda o parte de su actividad. Comprende en especial una sede de dirección, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, una mina, pozos petrolíferos, una cantera o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales, y obras de construcción o de montaje cuya duración exceda de doce meses. El término no comprende, entre otros casos, la utilización de instalaciones y el mantenimiento de stocks de bienes pertenecientes a la empresa, con el único fin de almacenarlos, exponerlos o entregarlos, o con el único fin de su transformación por otra empresa. El término excluye, asimismo, el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancias, o de recoger información para la empresa o de hacer publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas o desarrollar otras actividades similares de carácter preparatorio o auxiliar.
Se considerará, comúnmente, que un agente constituye establecimiento permanente si tiene, y ejerce normalmente, poder para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que sus actividades se limiten a la compra de bienes o mercancías para la empresa, o se trate de un corredor, un comisionista general o cualquier otro mediador que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
d. Empresas asociadas. Dos compañías serán consideradas empresas asociadas si una de ellas controla directa o indirectamente más del 50 % del derecho al voto en la otra empresa; o una tercera empresa controla más del 50 % del derecho al voto de ambas.
4. Formulario y procedimientos.
a. Los formularios para solicitar las reducciones impositivas pueden obtenerse, en España, en la Delegación de Hacienda del domicilio fiscal del residente de España; o en el Reino Unido, del Inspector of Foreign Dividends, Lynwood Road, Thames Ditton, Surrey, Inglaterra, KT7 ODP. La solicitud deberá indicar el nombre completo y la dirección del solicitante de la limitación (quien deberá ser el titular efectivo de la renta), bien sea una persona física o una compañía, y la naturaleza de la renta, v. g. ya se trate de dividendos, intereses, etcétera.
b. Las solicitudes deberán formularse dentro de los seis años siguientes al año en que se produjo el gravamen de la renta referida. El ejercicio fiscal termina en Inglaterra el día 5 de abril.
c. Los formularios a utilizar son los siguientes:
o SPA/INDIVIDUAL/CREDIT
o SPA/COMPANY/CREDIT
Solicitudes relativas a crédito fiscal del Reino Unido. y en relación con dividendos abonados por una empresa del Reino Unido, según párrafo 2.a) de este Memorándum. Solicitudes relativas a rentas, de acuerdo con los párrafos 2.b) y 2.c) de estas notas.
o SPA/INDIVIDUAL
o SPA/COMPANY
No deberán incluirse los dividendos en la solicitud relativa a intereses, cánones, pensiones o anualidades compradas.
En el caso de una solicitud formulada de acuerdo con el artículo 22 del Convenio (párrafo 1), el solicitante deberá escribir primero al Inspector of Foreign Dividends dando todo tipo de detalles de la renta, inclusive el nombre y la dirección de la persona pagadora.
d. Las solicitudes se formularán por duplicado; los formularios indicarán dónde deberán enviarse después de rellenados y firmados.
5. Beneficiarios de trusts.
La primera solicitud formulada por un beneficiario de un trust deberá acompañarse con la prueba de su derecho a las rentas.
Estas notas no tienen fuerza vinculante sino meramente aclaratoria; en caso de duda deberá acudirse al texto del Convenio o al Inspector of Foreign Dividends.
Board of Inland Revenue
Somerset House London,
WC2R 1LE

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