Skip to content

Residencia

.- En los casos que no media Tratado, la Administración tributaria sostiene un criterio
rígido e inflexible al circunscribir la prueba de la residencia fiscal en otro Estado a la aportación
del correspondiente certificado fiscal sin admitir otros medios de prueba alternativos
(certificado de nacionalidad o empadronamiento, visados del pasaporte, recibos de consumo
de agua, gas, electricidad, etc.).

Esta estricta doctrina administrativa se opone a la regulación contenida en la mayoría de
los Tratados de doble imposición y, sobre todo y fundamentalmente, a la propia legislación
fiscal interna (art. 9 TRLIRPF), pues ni aquellos ni ésta hacen referencia a los certificados de
residencia, ni establecen prueba tasada alguna para acreditar la residencia fiscal en otro Estado.
Es más, la única regulación interna sobre la expedición de certificados de residencia por
parte de la Administración tributaria española para que surtan efectos ante terceros Estados
se encuentra en la simple e insuficiente (desde la perspectiva del principio constitucional de
jerarquía normativa) Disposición Adicional Segunda de la Orden HAC/3626/2003, de 23 de
diciembre.

La Consulta núm. 296/2002, de 25 de febrero de 2002,
cifra en tres los requisitos del certificado de residencia fiscal:
“El certificado de residencia fiscal debe expresar que la persona tiene su residencia
fiscal en el Estado que los expide, debe estar sujeto a imposición en el
mismo por su renta mundial y debe ser expedido por la autoridad fiscal competente”.

La Consulta núm. 893/1998, de 26 de
mayo de 1998, resuelve el dilema en los siguientes términos:
“Con este certificado de residencia se podrá acreditar que una persona ha permanecido
por un período superior a 183 días durante el año en ese país y, por
consiguiente, no puede ser considerado residente fiscalmente en España, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12, uno, a) anteriormente citado; pero no
presupone que dicha persona no pueda ser considerada residente fiscalmente en
España de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, uno, b), esto es, por la radicación
en España del núcleo principal de sus actividades empresariales o profesionales
o de sus intereses económicos. Una persona puede ser considerada
residente fiscalmente de dos países diferentes durante un mismo período de
tiempo. Los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España dedican
un artículo a determinar a qué Estado corresponde la potestad de gravar a
las personas que se encuentran en dicha circunstancia.”
Con todo lo que precede, el alcance probatorio del certificado de residencia es limitado (pues
sólo prueba que una persona ha permanecido durante el período impositivo más de 183 en ese
país) y sin capacidad para solucionar situaciones de doble residencia fiscal internacional en los casos
que no exista Convenio, ya que, conforme a esta doctrina administrativa, la Administración
Tributaria puede considerar, unilateralmente, al contribuyente residente fiscal en España por entender
que el núcleo de sus intereses vitales y/o económicos radican en territorio español, sin
perjuicio de la presentación del certificado de residencia fiscal en otro Estado (Si media Convenio, en estos casos se debe acudir a las reglas específicas previstas en el artículo 4,
apartados 2 y 3 del respectivo Tratado, para solventar los casos de doble residencia fiscal internacional
(Cfr., al respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2001, Recurso, nº
206/1998, Fundamento Cuarto).

En la Consulta de 2 de octubre de 1995 (NFC002624):
“Para la acreditación de la residencia fiscal en un Estado con el que España tenga
suscrito Convenio para evitar la doble imposición no existe ningún modelo
obligatorio para todos los Estados que tengan Convenio con España. Lo esencial
es que la autoridad competente certifique que la persona que desea acogerse a
un determinado Convenio, tiene su residencia fiscal en ese Estado y tributa en el
mismo por sus rentas universales.”
Ahonda en esta línea de interpretación la Consulta núm. 937/1998, de 1 de junio de 1998:
“para que sea de aplicación el Convenio, ha de acreditarse la residencia de la persona
que solicita acogerse a sus normas, en el sentido que el propio Convenio
establece, esto es, que esté sometida a imposición en el Estado en el que se dice
ser residente por obligación personal, lo que implica estar sometida a imposición
por su renta mundial y no sólo por la renta obtenida en dicho Estado.”

En
particular, tratándose de Méjico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el órgano en
que delegue dicha Secretaría (art. 3º del Convenio).

“En principio, no se puede dar validez a otros certificados de residencia, pues una
persona puede tener permiso de residencia o residencia administrativa en un Estado
sin que pueda ser considerado residente fiscalmente en ese Estado.
Tampoco se puede considerar suficiente, para acreditar la residencia fiscal en el
sentido previsto en el artículo 4º del Convenio, el extracto de Registro Federal de
Contribuyentes que se adjunta al escrito de consulta, pues en él se acredita que
la persona sobre la que se consulta está incluida en dicho Registro, pero no consta
que esté sometida a imposición en Méjico por su renta mundial.
En resumen, para acreditar la residencia fiscal de la persona consultante en Méjico,
sólo se puede aceptar el certificado de residencia expedido por la Autoridad
Fiscal competente de ese país, en el que consten su permanencia y obligaciones
fiscales en el mismo.”
Sin embargo, en estos supuestos (Convenios de doble imposición que no contemplan el certificado
de residencia fiscal), la Administración Tributaria ha matizado recientemente su doctrina al
no circunscribir en exclusiva la prueba de la residencia a la aportación del certificado de residencia
fiscal, admitiendo otros medios de prueba. En este sentido, cabe destacar la Consulta núm.
831/2002, de 31 de mayo de 2002, relativa igualmente al Convenio con Méjico:
“Si, en aplicación de las disposiciones citadas, la consultante tiene su residencia
fiscal en Méjico y puede demostrarlo, los rendimientos que perciba por el trabajo
realizado en dicho país pueden considerarse como no obtenidos en España,
siempre que se pueda acreditar que tales rendimientos están sujetos a un impuesto
de naturaleza personal en Méjico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
12.3 d) de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (IRNR) y Normas Tributarias (BOE de 10 de diciembre).
Caso de no poder demostrar la residencia en Méjico o no acreditar que paga un
impuesto de naturaleza personal en dicho país, los rendimientos estarían sometidos
a imposición en España bien por el IRPF si es residente fiscalmente en España,
bien por el IRNR si no puede ser considerada residente en territorio español
por aplicación de las normas citadas.”
Y también la Consulta núm. 1960/2002, de 18 de diciembre de 2002:
“Si el consultante tuviera su residencia fiscal en la Federación Rusa y pudiera
acreditarlo suficientemente, sólo estaría sometido a imposición en España por las
rentas obtenidas en España y por el patrimonio situado en territorio español que
el Convenio Hispano-Ruso para evitar la doble imposición de fecha, 16 de diciembre
de 1998 (BOE de 6 de julio de 2000), permita gravar en el Estado de
procedencia de las rentas o de situación del patrimonio. En este supuesto, la residencia
fiscal en la Federación Rusa se acreditaría mediante la aportación de un
certificado expedido por la autoridad fiscal competente, en el que constara que
el contribuyente es residente en la Federación Rusa, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4º del susodicho Convenio.”
Ciertamente no se puede hablar de un cambio radical de criterio por parte de la Dirección General
de Tributos pero sí se advierte una evolución en su posición, puesto que ya no se monopoliza la prueba de la residencia con la aportación del oportuno certificado. En efecto, con esta doctrina
administrativa se deja la puerta abierta a otros medios de prueba para demostrar la residencia
fiscal en otro Estados a efectos de la aplicación del respectivo Convenio. Aunque, eso sí, el
certificado de residencia fiscal sigue siendo el medio de prueba por excelencia.

La aportación cumulativa de
medios probatorios indirectos de la residencia fiscal (certificado de nacionalidad o empadronamiento,
visados del pasaporte, recibos de consumo de agua, gas, electricidad, etc.) pueden
ser suficientes para convencer a la Agencia Tributaria de que un obligado tributario es
residente en otro Estado, recayendo sobre la Administración la carga de la verificación (si
lo estima oportuno) a través del intercambio de información convencional (concreción, en
este caso, del principio de facilidad probatoria12).
Por ello no compartimos la negativa de la Dirección General de Tributos en la Consulta núm.
8/2001, de 10 de enero de 2001, de negar la residencia en otro Estado cuando la Autoridad fiscal
competente del aquel se limite a no expedir el certificado de residencia solicitado

Como ejemplo de certificado de residencia para la aplicación del Convenio puede
tomarse cualquiera de los que se reflejan en los formularios aprobados para
solicitar la reducción de los impuestos en la fuente o su devolución que, con pequeñas
variaciones, se expresan en los siguientes términos:
“Las autoridades fiscales alemanas certifican que, en cuanto les es posible conocer,
Don…. es residente de Alemania en el sentido del Convenio Hispano-alemán
para evitar la doble imposición.”

Entendemos que la acreditación de la residencia fiscal no se encuentra sometida
a prueba tasada, a través de la presentación del correspondiente certificado, sino que se puede
acreditar con la presentación de distintos medios de prueba, tal como sostiene la Audiencia
Nacional en Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Recurso nº 273/2000:
“(…) frente a lo razonado en la resolución impugnada, la Sala entiende que existe
prueba fehaciente acreditativa de dicha residencia en el extranjero lo que, sin
duda, resulta ya no sólo de los escritos que en fecha 17 de enero de 1989 con
sello de entrada en la Delegación de Hacienda de Madrid de fecha 30 de enero
de 1989 (documentos 4 y 5 del expediente administrativo), fueran presentados
comunicando el hoy recurrente que él y su esposa habían obtenido la residencia
en Mónaco a partir del día 20 de enero de 1989 y designando como representante
fiscal en España a la entidad Retrefiscal, SA y, asimismo, de las fotocopias
autenticadas del permiso de residencia en Mónaco tanto del actor como de su
esposa, así como de los pasaportes respectivos sellados por el Consulado Español
en Marsella (documentos números 8 a 11), sino, sobre todo, de los certificados
de residencia emitidos por el Cónsul General de España en Marsella autenticados
notarialmente que han sido traídos a los autos a instancias de la parte
actora y que acreditan fehacientemente que tanto uno como otro residen fuera
de España al menos desde el día 23 de enero de 1989 (certificado expedido en
Marsella el 10 de febrero de 1992 por el Consulado General de España).
En definitiva del examen conjunto de todos los documentos aportados se desprende
con claridad la residencia del recurrente fuera de España, a tenor de su
tarjeta de residencia, por estar expedidos sus pasaportes en el Consulado de
Marsella, por así certificarlo el propio Cónsul de Marsella y por así haberlo notificado
en su momento a la Delegación de Hacienda de Madrid a los oportunos
efectos…

………………..

En el apartado 1 del artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se dispone que «el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario
en sus relaciones con la Administración tributaria». En la letra a) del apartado 2
de ese mismo artículo 48 se establece que el domicilio fiscal será «para las personas físicas,
el lugar donde tengan su residencia habitual».
En el Derecho español, es necesario diferenciar los conceptos de residencia y de domicilio
fiscal. Aunque ambos puntos de conexión coincidan en un mismo punto territorial,
cumplen funciones distintas. El domicilio fiscal es un lugar que sirve para localizar al
sujeto para ponerse en comunicación con él la Administración .piénsese en la práctica
de notificaciones tributarias. o que delimita el órgano de la Administración tributaria
que, en base a criterios de competencia territorial, debe actuar en un caso concreto. La
residencia, sin embargo, en relación a las cuestiones tributarias de carácter internacional,
representa un punto de conexión que nos sirve para determinar si un sujeto debe
tributar por sus rentas mundiales (en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
o bien sólo por lo obtenido en nuestro territorio (en el Impuesto sobre la Renta de
No Residentes). La residencia delimitaría el Estado donde se encuentra, en general, la
principal base de obligaciones fiscales del sujeto pasivo.
Como regla general, en nuestro Derecho Tributario las personas físicas con residencia
habitual en territorio español son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. En el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora de
este Impuesto, la residencia habitual se define en su artículo 9, que dispone en su apartado
1 que se entenderá que el sujeto pasivo tiene su residencia habitual en nuestro territorio
cuando «permanezca más de 183 días, durante un año natural, en territorio espa
ñol», o bien cuando «radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades
o intereses económicos». Frente a ello, los sujetos no residentes en nuestro territorio
que obtengan aquí alguna ganancia tributarán por la misma en el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes.
Ni la ley ni su desarrollo reglamentario aclaran que se entiende por ausencias esporádicas.
No se fija un limite de tiempo que distinga el carácter de la ausencia como esporádico o
definitivo. Una interpretación rígida del precepto, que intenta ensanchar al máximo la
consideración de residente, se refleja en el pronunciamiento de la DGT en SU consulta 320-
00, evacuada el 23 de Febrero de 2000, en el que no asocia la ausencia temporal con un
límite de tiempo.

Acreditación de su residencia fiscal en otro Estado.
Respecto a esta acreditación, la norma tampoco se refiere a los requisitos que
debe cumplir la que provenga del extranjero, aunque la doctrina reiterada de la DGT
ha señalado que debe expresar que la persona tiene su residencia fiscal en el Estado
que lo expide, debe estar sujeto a imposición en el mismo por su renta mundial y
debe ser expedido por la Autoridad fiscal competente. En el caso que exista un
Convenio para evitar la doble imposición se adjuntará un certificado de residencia
fiscal expedido por la Autoridad fiscal correspondiente. en el que deberá constar
expresamente que el contribuyente es residente en el sentido del Convenios (ver, entre otras, las Resoluciones de la DGT de 30 de Diciembre de 1992, 25 de Mayo de 1998 y de 25 de
Febrero de 2002).

Núcleo principal o centro de intereses económicos
Este criterio tiene su origen en el centro de intereses vitales establecido en el
art.4.2 del Modelo Convenio OCDE.
De nuevo nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado, que hecha en
falta. un desarrollo reglamentario del precepto debido a la inconcreción del mismo. Nos
asalta la duda de cómo determinar el núcleo principal o centro de intereses económicos
del contribuyente. De forma inmediata podemos plantear tres variables que podrían ser
tomadas como indicativas del mismo: El lugar donde se obtiene la mayor parte de renta,
al lugar donde se encuentra ubicado la mayor parte de su patrimonio o el lugar desde
donde se gestiona o se administra o, incluso, una mezcla de todos ellos.
Tenemos que la mayor parte de la doctrina20 se inclina por considerar como
criterio principal el lugar de procedencia de las rentas, que se identificaría con
el lugar donde se encuentra el establecimiento del pagador del rendimiento..
Las razones que se han argumentado son básicamente dos:
1) El hecho de que nos encontremos ante un impuesto que grave la obtención
de renta debe hacer que este sea el criterio definitorio, a falta de aclaración.
normativa o jurisprudencial.
2) Además, el art.59.2° LIRPF establece como punto de conexión subsidiario
para determinar la residencia habitual en el territorio de una Comunidad
Autónoma, el lugar donde el contribuyente tenga su principal centro de intereses;
entendiendo como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base
imponible del IRPF, que el caso de los rendimientos del trabajo personal
corresponderá con el lugar donde radique el centro de trabajo respectivo.
Otra cuestión controvertida, y que se deriva de la manifestada inconcreción
del precepto, radica en si debe compararse el núcleo principal o centro de
intereses económicos frente a cada Estado de forma individualizada o erga.
omnes, de forma conjunta.
Pese a todo, la cuestión no resulta pacífica, ya que el concepto empleado por
el art.9.1.b) LIRPF parece mas apropiada para sujetos que desarrollan actividades:
empresariales o profesionales (En este sentido, la respuesta de la DGT, de 11 de Febrero de 2002, a la Consulta 221-02, señala
que en el caso de varios socios que tienen su vivienda habitual en Francia y son propietarios de un`
negocio en España, que explotan directamente, serán considerados como residentes en territorio:.
español Po considerar que es en éste donde se situa el núcleo principal o la base de sus actividades’
o intereses económicos (a expensas de lo dispuesto en aplicación del Convenio Hispano-Francés para
elimar la doble imposición)) que para personas físicas cuyo rendimientos
provienen de una relación laboral dependiente. Resultaría recomendable que se
desarrollase el precepto y se aclarase el criterio o criterios relevante.

Vinculación familiar
El art. 9.1.LIRPF presume la residencia en territorio español de la persona física,
salvo prueba en contrario, cuando de acuerdo a los criterios anteriores residan en
territorio español el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad`
que dependan de aquél.
Respecto a los medios de prueba que se pueden emplear para vencer esta presunción,,
entendemos que la acreditación de residencia fiscal en otro Estado mediante certificado.
por la Administración tributaria correspondiente solo será suficiente cuando no se
trate de un territorio calificado reglamentariamente como Paraíso fiscal. En caso contrario,
se tendría que probar la no residencia añadiendo otras pruebas.

Paraisos fiscales y residencia
El legislador establece una presunción iuris et de jure, presumiendo que todo
traslado de un nacional a un paraíso fiscal se produce, en cualquier caso, por motivos
fiscales y, para evitar este cambio ficticio de residencia, establece una prorroga legal
de la condición de residente.
Debemos comentar que el precepto resulta, cuanto menos, controvertido al
hilo de la Jurisprudencia reiterada del TJCE en relación al Principio de No
Discriminación, Principio altamente protegido por la Corte europea, y que tiene
como único propósito evitar dentro de un Estado la existencia de diferentes
sistemas que dependan de la nacionalidad. Esta sería una variante inversa de discriminación, en la medida en que discrimina de forma negativa
a los ciudadanos nacionales en relación a los no residentes, cuando lo habitual suele ser la discriminación de
signo contrario. Algunas sentencias que se han pronunciado sobre este tema son: Caso Werner (C112-91) y
Ascher (C107/94). Para mayor abundamiento, consúltese a GARCÍA PRATS, (1998), Imposición directa, no
dtscriminaeión y Derecho Comunitario, Tecnos, Madrid.
GÓMEZ CALLEJA cuestiona la constitucionalidad del precepto y utiliza como
argumento la vulneración del Principio Constitucional de Igualdad recogido en
el art.14 de CE, al hilo de la doctrina de nuestro máximo interprete, manifestada
claramente en la STC n°76/1990, de 26 de Abril, sobre el alcance de este
principio. GÓMEZ CALLEJA, Isabel, (2001) “La residencia fiscal…”, op.cit considera que el art.9.3 LIRPF también puede ser considerado inconstitucional. Argumenta su posición en el hecho de que “… no se admita prueba
en contrarío, pues al anularse radicalmente la posibilidad de prueba, el contribuyente queda en flagrante+
indefensión (…) En el artículo 9.3 LIRPF, el principio de contradicción, base de todo el art.24 CE, queda
absolutamente desvirtuado, al no ser viable ni la mas mínima actividad probatoria. La cuestión sobre la que
venimos reflexionando es la proporcionalidad del precepto, atendiendo a los fines perseguidos por el legislador..
Tras el estudio realizado, cabe concluir que dicha proporcionalidad se ve vulnerada, al existir otras: posibilidades,,
como el mecanismo de inversión de la carga de la prueba, mediante el uso de una presnción íuris tantunm
Como bien señala GÓMEZ CALLEJA25 , una manera de evitar la aplicación del precepto:
en la práctica, será efectuando un traslado indirecto, a fin de que el cambio de residencia
hacia un paraíso fiscal se realice tras haber permanecido durante un año en otro país.
Otra nomina agresiva contra el cambio de residencia a estos territorios la encontramos
en el requisito adicional que establece el art.9.1 LIRPF para acabar con la presunción del’
cómputo de las ausencias esporádicas en el criterio temporal de residencia. No bastará con
que el contribuyente presente un certificado fiscal acreditativo de la residencia en ese oti
territorio, emitido por el órgano tributario competente al efecto, sino que además l
Administración tributaria se reserva el derecho de poder exigirle que pruebe la permanencia
en el mismo durante ciento ochenta y tres días en el año natural. Pero inmediatamente, iá;1
cuestión se centra en determinar como probar esa permanencia en ese territorio, lo cual
nos hace planteamos varios aspectos:
¿Resultará válido el método de cómputo para determinar el periodo de permanencia
previsto en el art.9.1 LIRPF y que computa las ausencias esporádicas? La ley no se
pronuncia al respecto, y a falta de otro criterio, han surgido voces en la doctrina que
consideran aplicable el método de cómputo general26. Sin embargo, no parece que esa
sea la finalidad perseguida por el legislador, sino mas bien todo lo contrario, obstaculizar`
los posibles cambio de residencia ficticios a estas zonas. Por ello, resulta necesario una.
nueva redacción o un desarrollo reglamentario del precepto, que arfare expresamente
esta cuestión.
¿Si la certificación fiscal emitida por el otro Estado resulta insuficiente, que medios de
prueba se podrían usar?. La DGT, en consulta de 22 de Junio de 1999, ha señalado que “la apreciación
de pruebas aportadas habrá de ser efectuada en cada supuesto concreto por la
Administración tributaria, sin que pueda enunciarse de modo general y teórico los medios
de prueba que sirven para demostrar la permanencia efectiva, que procederá analizar caso por caso cada supuesto “. Como señala GÓMEZ CALLEJA-`, parece que la solución
habrá de ser casuística, lo cual no redunda en una mayor seguridad jurídica del contribuyente.
Modelo de Convenio
Como ya hemos señalado, el art. 4.1 del Modelo” se remite a la legislación de los
Estados contratantes a los efectos de la determinación de la residencia, por lo que en
nuestro Ordenamiento, y en el caso de personas físicas, nos remitimos a los criterios,
que acabamos de exponer, contenidos art.9 LIRPF.
Debemos de destacar que este artículo establece como requisito que el concepto
de residencia previsto por cada Estado vincule al sujeto por obligación personal,
sometiendo a gravamen su renta mundial.
En los supuestos de doble residencia, se atiende a lo siguiente:
10 La vivienda permanente. No requiere que la persona sea propietaria del,
inmueble, bastará con que lo posea con carácter permanente. Como señala los’
comentarios del Tratado a este artículo, que la persona lo haya amueblado y reservado,
para su uso con intención de permanencia.
2° Centro de intereses vitales. Atiende al lugar donde se encuentran sus relaciones
personales, familiares y sociales de la persona, donde se encuentra su negocio o el
lugar desde donde gestiona su patrimonio.
3° Presencia Habitual. Se refiere a estancias de cualquier tipo, por cualquier’
razón y en cualquier lugar: viviendas, hoteles, etc.
Pago a un trabajador o empresa a distancia, sin convenio
En los supuestos en los que no resulta
aplicable Convenio, y en los que concurre, por un lado, que la empresa o trabajador a distancia no
cumple ninguno de los criterios previstos en el art.) LIRPF para atribuirle la condición
de residente y, por otro, que presta sus servicios a una empresa establecida o
residente en territorio nacional.
Según la LIRNR, que como ya hemos señalado establece en su art.5 y 6 como
contribuyentes a los no residentes, dispone sus art.11.1, 12.1.c), 12.2 y 12.3.d), que
el hecho imponible del impuesto lo constituye la obtención de rentas, dinerarias o
en especie, en territorio español, considerando como tales, entre otras, los
rendimientos del trabajo cuando deriven, directa o indirectamente, de éste. Como
norma general y para todas las rentas, prevé que se entenderán obtenidos en
territorio español los rendimientos satisfechos por establecimientos permanentes o
residentes en éste territorio.
Sin embargo, esta regla general del pago desde territorio español, tras analizar
detenidamente el punto 3 del art.12, comprobamos como resulta residual,
limitándose a los rendimientos del capital mobiliario. La mayor parte del resto de
los rendimientos, entre ellos las percepciones provenientes del trabajo personal
recogidas en el art.16.1 LIRPF31 , quedarán normalmente ajenos a este criterio. Así,
estos rendimientos del trabajo personal, no quedaran sujetos al IRNR cuando se
cumplan dos circunstancias de forma simultánea:
– Que el trabajo se preste íntegramente en el extranjero
– Que los rendimientos se encuentren sujetos a un impuesto de naturaleza
personal en el extranjero.
Ante la falta, una vez más, de desarrollo de los preceptos, nos planteamos sí el
segundo requisito solo se refiere a impuesto de naturaleza personal para establecer
un gravamen que le obligue a tributar por su renta mundial, y si sería aplicable el
límite mínimo previsto en el art.5.1.2° RIRPF para aplicar la exención a los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero, prevista en el
art.7 p LIRPF). Según éste precepto reglamentario, se requiere que los rendimientos
del trabajo hubiesen tributado en el extranjero por un impuesto de naturaleza.
idéntica o similar al IRPF, considerando que concurre esta circunstancia cuando el
contribuyente en el IRPF hubiese ingresado, en este concepto, al menos el 50% de
lo que le correspondería pagar en España aplicando el tipo medio efectivo del
IRPF sobre esos rendimientos. En estos casos, sería de aplicación
la excepción prevista en el art.12.3.d) LIRNR, cuando en los rendimientos obtenidos
queden sujetos a otro impuesto de naturaleza personal en el extranjero, siempre
que se cumpliese esta última condición.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*