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Trámite de la prueba documental

Trámite de la prueba documental:

Las partes renunciaron al testimonio del testigo D. Sergio Torcuato, que se encontraba en el extranjero sin fecha de regreso prevista, por lo que se dio comienzo al trámite de la prueba documental, al no haber lugar a proceder a la lectura de las declaraciones prestadas en la instrucción por los testigos fallecidos ya que se habían llevado a cabo sin la intervención de los letrados de las defensas.

El Ministerio fiscal propuso que se tuvieran en cuenta las documentales que propuso en su escrito inicial así como los testimonios del recurso contenciosos administrativo n.º 25/1999, de la pieza separada de las Diligencias Previas número 3.209/2.006 del Juzgado de Instrucción número Uno de Marbella y de las Diligencias Previas 3.389/2.006 del mismo Juzgado, en particular los folios 1303 a 1306, donde se contenían informes del interventor, y el informe pericial de los folios a 2.629 a 3751, así como los informes del interventor y toda la documentación remitida desde el Ayuntamiento.

Invocó también los testimonios del recurso 1.017/94 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J de Málaga, los informes de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, los libros de contabilidad de las distintas sociedades, los contratos de arrendamiento de servicios aportados y el extracto de movimiento de la Caixa aportado por la defensa del Sr. Landelino Edmundo.

Invocó también en este trámite la carta remitida por D. Teodulfo Octavio al letrado

D. Paulino Donato, que obra en el rollo de Sala, en cuanto hace referencia a la intervención de letrados que defendieron al M.I. Ayuntamiento de Marbella de forma desinteresada.

Impugnó de nuevo los borradores aportados por la defensa de Melchor Dario y las distintas versiones de la minuta […], a la que hacía referencia la sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 5 de Octubre de 2010, acordando la procedencia del reintegro por alcance de su importe.

Aportó testimonios de sentencias dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas dictadas en procedimientos de reintegro por alcance referidos al pago de minutas libradas por Melchor Dario, en concreto los números 16, 17 y 18/2010, todas de 8 de septiembre, la 19/2010 de 5 de octubre y la 21/2010 de 18 de noviembre. Interesó que se procediera a la lectura de las pruebas propuestas si hubiera impugnación por alguna de las defensas.

El letrado de la defensa del M.I. Ayuntamiento de Marbella se adhirió a la documental propuesta por el Ministerio fiscal e insistió en la prueba documental que él mismo propuso haciendo especial mención a la convocatoria de la junta general de la sociedad municipal “Control de Gestión Local S. L.” de 2 de mayo de 2000, a aquellas juntas generales celebradas el 2 de noviembre de 1999 y a los informes solicitados sobre las transferencias realizadas a la sociedad municipal “Planeamientos 2000 S..L.” durante el mes de febrero de año 2000, que permitieron el pago efectuado por el Sr. Landelino Edmundo. Interesó, asimismo, en base al artículo 729.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se librara oficio a fin de que se acreditara la procedencia del dinero que permitió el pago a la sociedad “None”, y aportó un ejemplar de la revista “El Consultor” de la administración local, en el que se encontraba publicado un artículo titulado “La Contratación de Abogados” firmado por D. Moises Salvador.

Sobre la necesidad de control financiero de las sociedades, solicitó que se interesaran las actas del Pleno en las que se hubiera propuesto la necesidad de que existiera tal control. No interesó al lectura de ningún documento en concreto.

La defensa de Melchor Dario ratificó toda la prueba documental propuesta en las distintas fases del proceso y formuló alegaciones respecto a las impugnaciones formuladas por el Ministerio fiscal, aludiendo a que los tiempos del procedimiento los marca el legislador, en lo que se refiere a la tardía aportación de los borradores de las alegaciones al anteproyecto de fiscalización.

Se opuso a que se admitieran las copias de sentencias dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas propuestas por el Ministerio fiscal cuya firmeza no consta, sin perjuicio de la libertad del tribunal para consultar la jurisprudencia que estime conveniente. También se opuso a que se admitiera la propuesta de un ejemplar de la revista “El Consultor” de la administración local, en el que se publicó un artículo titulado “La Contratación de Abogados” firmado por D. Moises Salvador.

Propuso la lectura de los Decretos de nombramientos de otros letrados contratados en forma similar a su patrocinado que obran en los folios 28.740 del tomo 66 y 29.096 del tomo 67. También se leyó el informe Cuatrecasas, folio 1.064 del Tomo 3, en concreto la conclusión segunda de dicho informe y los folios 127 y 128 del Tomo 1, relativos a la minuta 102/2000, pues sus términos desbordaban el simple asesoramiento, así como el informe del secretario que obra a los folios 258 y 259 del Tomo 1.

La letrada de la defensa de Secundino Cayetano se opuso a la prueba propuesta por la acusación particular sobre el libramiento del oficio interesado. Pidió la lectura de los folios 1.977 y 1978 del tomo 5 relativos a los documentos que se adjuntaron al anteproyecto de fiscalización referidos a las sociedades municipales “Plan las Albarizas S.L.”, “Nortia S.L.” y “Planeamientos 2000 S.L.”, lo que se verificó seguidamente, y de los folios 36.707 y 36.708 del Tomo 81, relativos al objeto social de la sociedad “None”, en el que estaban incluidos en el número segundo la prestación de servicios contables.

La defensa de Marcelino Felix dio por reproducida la prueba propuesta por las demás defensas.

La defensa de Rodrigo Lazaro, Landelino Gines y Eloy Tomas se adhirió a las prepuestas por la defensa de Melchor Dario y se remitió a toda la documental propuesta en el escrito de conclusiones.

La defensa de Doroteo Raimundo se adhirió a las impugnaciones formuladas por la defensa de Melchor Dario y propuso como documental un informe de un catedrático de administrativo sobre la inexistencia de la obligación de advertencia de ilegalidad en el Secretario tras la reforma legal.

La defensa de Tania Fidela dio por reproducida la documental, impugnó el acta de la Comisión de gobierno de 9 de febrero de 2000 y se adhirió a la documental propuesta y a las impugnaciones formuladas por la defensa de Melchor Dario.

La defensa de Lorenzo Emilio solicitó la lectura del Decreto de 30 de mayo de 2000, que autorizaba el pago de la minuta […], del folio 52.219 del tomo 113, que es el cheque de 31 de mayo de 2000, para pago de la citada minuta, y del cheque de 30 de mayo de 2000, que se encontraba en la misma carpeta que el Decreto.

También solicitó la lectura de las minutas […], […], que se encontraban en la carpeta de la sociedad municipal “Difusión y Comunicación 2000 S.L.”, así como la lectura del oficio de 11 de octubre de 2000, en el que se relacionan las peticiones de fondos que formulaba Lorenzo Emilio para el pago de las minutas. Pidió, asimismo, la lectura del cheque de 25 de octubre de 2000, por importe de 1.960.000 pesetas y del folio 53.904, en el que se reseñaban movimientos bancarios del Banco de Andalucía del día 26 de octubre de 2000.

La defensa de Cristobal Adrian se opuso a la aportación de nuevos documentos interesada por las acusaciones e invocó sin pedir su lectura el contenido de los folios 930 a 946 del Tomo 3, de los folios 4293 a 4332 del Tomo 9, de los folios 6.859 a 6.907 del Tomo 16 y la sentencia de 29 de mayo de 2009, que aportó con su escrito de defensa.

De nuevo aludió a los documentos presentados en la fase intermedia, esto es, a la certificación del secretario municipal acreditativa de que en las legislaturas habidas desde 1991 a 2003 no aparecían comunicaciones al Pleno de delegaciones de competencia del Alcalde Presidente a favor de éste o de la Comisión de gobierno, ni aparecía en los libros de Decretos y Resoluciones del Alcalde Presidente ningún decreto o resolución por la que éste delegara en el Pleno o en la Comisión de gobierno todas o algunas de las competencias delegables; a la copia de un Decreto de la alcaldía de 3 de julio de 2001, en la que se acordaba la contratación de Melchor Dario u otros letrados de reconocido prestigio para la defensa de numerosos procedimientos penales y presunta responsabilidad civil del Ayuntamiento, a la fotocopia de la nota interior de intervención municipal de 16 de julio de 2001, que se refería a la defensa de los señores concejales en vía judicial, así como a las dos diligencias de constancia de 6 de junio de 2001, en las que se aludía al hecho de que el interventor tuviera en su domicilio particular un expediente relativo al pago a un letrado de la minuta por la defensa de dos concejales.

El Ministerio fiscal se opuso a que se admitiera el informe de un catedrático de administrativo sobre la inexistencia de la obligación de advertencia de ilegalidad en el Secretario tras la reforma legal, propuesto por la defensa de Doroteo Raimundo.

La Sala no admitió ni las copias de sentencias propuestas por el Ministerio fiscal, ni los artículos doctrinales propuestos por el Letrado defensor del M.I. Ayuntamiento de Marbella y la defensa del acusado Doroteo Raimundo. Rechazó, por extemporánea, la petición de que se librara los oficios interesados por la acusación particular tendentes a que se acreditara la procedencia del dinero que permitió el pago a la sociedad “None” y las actas de los Plenos en las que se hubiera propuesto la necesidad de que existiera control financiero.

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