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Proposición de nuevas pruebas

Proposición de nuevas pruebas:

En el mismo trámite procesal del artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Ministerio fiscal propuso, como nuevas pruebas, la documental consistente en el acta del pleno municipal celebrado el día 31 de marzo de 2000, la providencia de 28 de marzo de 2000 que acordó la formación del orden del día y el Decreto de la misma fecha convocando el pleno, para acreditar que ese día no se celebró la Junta General de la sociedad “Control de Servicios Locales S.L.”, en tanto que el Letrado de la acusación particular aportaba como nueva prueba la documental consistente en una certificación del acta de la sesión ordinaria de la Comisión de gobierno celebrada el día 31 de marzo de 2000, en la que no se hacía referencia alguna a la modificación de los estatutos de la sociedad municipal “Control de Servicios Locales S.L.”, que habría de verificarse el mismo día, y certificación que acreditaba que los días 2 de noviembre de 1999 y 2 de mayo de 2000 no se había celebrado sesión plenaria por parte del M.I Ayuntamiento de Marbella.

Aprovechó el trámite para subsanar el error en que había incurrido al proponer la prueba documental en su escrito de conclusiones provisionales, en el sentido de aclarar que el número del Juzgado de 1.ª Instancia de Madrid que tramitó el procedimiento de mayor cuantía n.º 406/1999 no era en número 55, como por error se había hecho constar, sino el número 58, por lo que interesaba se librara a él el oficio que tenía pedido en solicitud de que se remitiera para su unión a estos autos un testimonio expedido por el Secretario de los escritos de demanda y sentencia del citado procedimiento de mayor cuantía.

La defensa de Melchor Dario, en el mismo trámite de proposición de nuevas pruebas, interesó la testifical consistente en el testimonio de D. Moises Salvador y D.ª Tatiana Tania, ambos letrados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella, a fin de interrogarles sobre el contenido de unos informes que ambos suscribieron en los meses de enero y marzo de 2010.

Propuso, asimismo, abundante prueba documental encabezada, con los números 1 y 2, por dos borradores del Anteproyecto de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con anotaciones manuscritas de su patrocinado tendentes a acreditar la realidad del trabajo desempeñado en formular las alegaciones.

Un ejemplar del modelo del Convenio Colectivo de Trabajadores del Ayuntamiento de Marbella figuraba con el número 3 y la copia de un poder general para pleitos otorgado por el citado Ayuntamiento a favor de su patrocinado, entre otros, el día 25 de febrero de 1999 figuraba con el número 4.

Bajo el número 5 acompañó copias de dieciocho poderes del mismo tipo otorgados por sociedades municipales también a favor, entre otros, de su patrocinado, el día 27 de septiembre de 1999; otros cinco poderes de las mismas características otorgados día 28 de septiembre, y otro otorgado el día 1 de febrero de 2000.

Una copia de la sentencia de apelación dictada el día 15 de diciembre de 2009, por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en el Procedimiento de Reintegro por Alcance n.º A-10/2.007 figuraba con el número 6, en tanto que con el número 7 acompañaba diversas comunicaciones de resoluciones del Tribunal de Cuentas al despacho de su patrocinado, de dicho despacho con el Ayuntamiento y viceversa, referidas todas ellas a la fiscalización tanto del Ayuntamiento como de la sociedades municipales fiscalizadas.

Presentó con el número 8 copia de una nota interior del Interventor Municipal de 16 de julio de 2001 considerando acertado el criterio de su patrocinado sobre la defensa de los Srs. Concejales en vía judicial en procesos penales, en el sentido de que sólo deberían presentarse minutas al Ayuntamiento en el caso de que fuera archivada la denuncia o absuelto el inculpado, en tanto que con el número 9 adjuntaba las minutas […] y […] emitidas por la intervención de su defendido en la compraventa de sendos inmuebles del edificio “Marbella Forum”, así como comunicaciones de ambas partes contratantes (sus letrados) y copias de los contratos.

Bajo el número 10 adjuntaba nueve copias de resoluciones de archivo dictadas por Juzgados de Instrucción de Marbella en Diligencias Previas, en las que había intervenido su patrocinado como letrado defensor de los intereses del Ayuntamiento, concejales o personal de la citada entidad local.

Copias de escritos dirigidos a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, con sello de presentación y copias de escritos de interposición de recursos, en función al encargo profesional realizado por la sociedad municipal “Contratas 2000 S.L.” se presentaron bajo el número 11, en tanto que el número 12 encabezaba una copia del Decreto de la actual corporación del Ayuntamiento de Marbella de 20 de septiembre de 2.007 nombrando al letrado Sr. Madrid Almoguera por el sistema habitual de Decreto de alcaldía.

Bajo el número 13 acompañó una copia de un informe del Secretario Municipal del Ayuntamiento de Marbella de 3 de septiembre de 2002, por el que se aceptaba el pago de los honorarios de su patrocinado devengados por la defensa de un concejal en la causa penal n.º 37/1999 del Juzgado de Instrucción número Siete de Marbella, al no existir condena por los hechos enjuiciados y bajo en número 14 adjuntó una copia de un fax remitido a su patrocinado por el letrado de la entidad mercantil “CINTRA Aparcamientos” acompañando un borrador de un contrato administrativo de formalización de la adjudicación de locales y garajes del edificio del Mercado Municipal, sobre el que el Sr. Manuel Sabino había realizado determinadas comunicaciones y copia del modelo que posteriormente se firmó.

Con el número 15 acompañó una copia adverada de la minuta n.º […], para dejar clara que la fecha de su emisión es de 20 de julio y no de 2 de julio, acompañando también la minuta […], de fecha 18 de julio de 2001.

Dos Decretos del Ayuntamiento de Málaga (originales y copias) de 23 de julio y 24 de Agosto de 1999, donde se ordenaba a su patrocinado interponer recurso contencioso administrativo ante el pleno del Tribunal de Cuentas contra el acuerdo de fiscalización y recursos de reposición y amparo, así como la recusación de un Consejero del Tribunal de Cuentas son los documentos que se aportaron con el número 16, en tanto que con el número 17 se acompañaba una copia de la sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 58 de Madrid, dictada en autos de Mayor Cuantía n.º 406/1999, donde constaba la defensa de su patrocinado al Ayuntamiento de Marbella en la reclamación formulada por el Banco de Crédito Local ascendente a 3.601.180.983 pesetas, así como copias de escritos sobre ejecución anticipada y personación y las copias de la sentencia dictada en apelación y de los escritos de preparación e interposición del recurso de casación.

La enumeración finalizaba con el número 18, bajo el que se aportaban fotocopias de comunicaciones entre la Agencia Tributaria y el bufete del Sr. Melchor Dario, con referencia a la acusación formulada por el Ayuntamiento de Marbella respecto a la inspección a que fueron sometidas las sociedades municipales “Tributos 2000, S.L.”, “Jardines 2000, S.L.”, “Control de Limpieza y Turismo Ayuntamiento de Marbella, S.L”

Finalmente solicitó que no se iniciara el interrogatorio de los acusados hasta no haber recibido cumplimentada toda la prueba documental interesada en los escritos de defensa.

La defensa de Marcelino Felix no propuso nuevas pruebas.

La defensa de Rodrigo Lazaro, Eloy Tomas y Landelino Gines propuso prueba documental consistente en correspondencia que aportó del primero de sus patrocinados y el acusado Melchor Dario relativa al requerimiento de entrega de los libros de contabilidad de diversas sociedades que solicitaba el Tribunal de Cuentas, en la fase de fiscalización.

Aportó, asimismo, copia de la escritura notarial en la que constaba el acta de la Junta General de la Sociedad Control de Servicios Locales celebrada el día 31 de marzo de 2000, así como certificación acreditativa de su presentación en el Registro Mercantil de Málaga el día 30 de diciembre de 2003, sin que accediera a él, al faltar el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 1.997 a 2002, por lo que tal documento tras ser cancelado por caducidad fue retirado.

Interesó que se requiriera a la sociedad para que aportara certificación de dicha acta y el original de la escritura referida.

La defensa del acusado, Damaso Nemesio, aportó prueba documental para acreditar que su patrocinado no figuraba inscrito como auditor en el “ROAC” dependiente del Ministerio de Hacienda.

La defensa de Landelino Edmundo aportó copia del escrito de acusación del Ministerio fiscal en las Diligencias Previas 100/2001 del Juzgado Central de Instrucción número Dos, en relación con su alegato relativo a que la actual acusación infringía el principio non bisin idem.

La defensa de Calixto Dionisio aportó copias de escritos que dirigió su patrocinado a la Administración de la Seguridad Social de Marbella, como administrador de la sociedad “Empresa Asesoría Económica None S.L.”, comunicando su cambio de domicilio y actividad, así como copia del impreso del impuesto sobre actividades económicas de la citada empresa fechado el 19 de diciembre de 2000.

Acompañó también una factura de asistencia de servicios informáticos expedida a nombre la meritada empresa con fecha 29 de mayo de 2.006 tendente a justificar que no apareciera acreditación alguna de los trabajos desempeñados, para cuyo pago se libró el cheque por la sociedad municipal “Planeamientos 2000.S.L.”, y un contrato concertado con ASEPEYO fechado el 30 de mayo de 2.008.

La defensa de Benita Ofelia se adhirió a las pruebas propuestas por la defensa de Melchor Dario y aportó los ejemplares para el interesado de las declaraciones correspondientes a los años 2000 y 2001 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de su patrocinada, con la finalidad de acreditar que las minutas cobradas por su defendida que motivan su acusación constituían sólo una pequeña parte de los ingresos que declaraba su patrocinada en el ejercicio de la abogacía.

La defensa de Cristobal Adrian aportó prueba documental consistente en una certificación del secretario municipal acreditativa de que en las legislaturas habidas desde 1991 a 2003 no aparecían comunicaciones al Pleno de delegaciones de competencia del Alcalde Presidente a favor de éste o de la Comisión de gobierno, ni aparecía en los libros de Decretos y Resoluciones del Alcalde Presidente ningún decreto o resolución por la que éste delegara en el Pleno o en la Comisión de gobierno todas o algunas de las competencias delegables.

Adjuntó, asimismo, copia de un Decreto de la alcaldía de 3 de julio de 2001, en la que se acordaba la contratación de Melchor Dario u otros letrados de reconocido prestigio para la defensa de numerosos procedimientos penales y presunta responsabilidad civil del Ayuntamiento, una fotocopia de la nota interior de Intervención Municipal de 16 de julio de 2001, que se refería a la defensa de los señores concejales en vía judicial, así como dos diligencias de constancia de 6 de junio de 2001, en las que se aludía al hecho de que el interventor tuviera en su domicilio particular un expediente relativo al pago a un Letrado de la minuta por la defensa de dos concejales.

Las demás defensas se adhirieron a las propuestas de sus compañeros y algunas, a los efectos de un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, formularon protesta por la decisión de la Sala de posponer el dictado de la resolución sobre las cuestiones previas propuestas al momento de dictarse la presente sentencia, sin decidir previamente en auto separado, así como por mantenerse la admisión como testigo de D.ª Maribel Luz, pese a figurar como imputada en otro procedimiento similar.

La Sala admitió las pruebas propuestas, decisión que protestó el Ministerio fiscal impugnando la autenticidad de la prueba presentada por la defensa de Melchor Dario, en concreto del Decreto de 23 de julio de 1999, en cuanto no venía aportado por el Ayuntamiento. También la correspondencia entre Melchor Dario y Rodrigo Lazaro presentada por la defensa de este último suscitaba su recelo, pues podía haber sido elaborada con posterioridad a las fechas que en ella figuraban. Impugnó, asimismo, la minuta […] aportada por la defensa de Melchor Dario y llamó la atención sobre las diferentes versiones que existían de la misma minuta, con textos y fechas distintas.

La Sala atajó el debate suscitado, ya que las partes no habían tenido tiempo aún de instruirse de todas las pruebas presentadas, y se acordó el inicio de la lectura del escrito de acusación.

Dada la desmesurada extensión del aludido escrito, su lectura no terminó en la sesión del día seis de abril sino que se prolongó durante las sesiones de los días siete y ocho de abril, tal como se recoge en los vídeos 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

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