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Art. 5 Estatuto Ministerio Fiscal

Desde la reforma en 2007 del art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
se amplia el plazo
de duración de las investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción puede desarrollar
con carácter previo al inicio de la causa judicial. Y la pregunta que inmediatamente
surge a este respecto es la siguiente: ¿para qué necesita la Fiscalía
doce meses prorrogables para investigar un presunto delito, en un modelo de
instrucción judicial como es el que aún está vigente en España? Porque no hay que olvidar que estaríamos hablando de una actuación policial, dirigida por la
Fiscalía, en la que no interviene el Juez –porque cualquier actuación judicial,
como sería por ejemplo la que acordara una medida restrictiva de derechos
fundamentales (intervención telefónica, registro domiciliario), determinaría la inmediata
judicialización de las investigaciones, cono ha señalado reiteradamente
el Tribunal Supremo–.
Para la anterior pregunta no hay otra respuesta posible que la de entender
que con la nueva reforma se pretende legalizar la actuación del Fiscal dirigida
a realizar una labor inquisitiva de carácter exhaustivo sobre la persona y el patrimonio
de un determinado sujeto, con absoluto desconocimiento por parte
de éste –a pesar de que el artículo 5 del Estatuto habla de que las diligencias
del Fiscal deben respetar la contradicción y la defensa–, y con vistas a culminar
las actuaciones, en su caso, con una detención del afectado y una puesta a disposición
del Juez de unos elementos incriminatorios que, desde un punto de
vista jurídico, no tendrían más valor que el de una denuncia. Se pretende, pues,
dar carta de naturaleza a una pre-instrucción del Fiscal realizada sin las garantías
que para el ciudadano tiene el que las investigaciones sobre su intimidad
deban estar controladas por un Juez.

Porque lo que no se dice en ningún momento es qué sucede con las diligencias
practicadas cuando al final no se envían a los Jueces, ni si existe responsabilidad
por una actuación inquisitiva realizada sin fundamento. Nadie discute
la necesidad de dotar a nuestras fuerzas policiales de todos los mecanismos
necesarios para la persecución de los delitos. Pero para tranquilidad suya, y de
todos los ciudadanos, su conducta debe estar ordenada y controlada judicialmente.
Que se pretenda ahora que, por la puerta de atrás, sea el Fiscal quien
lleve a cabo esa doble función, no parece ni oportuno ni procedente. No es
oportuno porque, cada vez más, la Fiscalía está bajo sospecha en su comportamiento
relativo a delitos relacionados con la política. Y no es procedente porque
supone una merma de garantías para los ciudadanos, y una forma de
establecer un sistema de investigación que, como se ha dicho, no es el que
existe en nuestro ordenamiento procesal.

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