Skip to content

Debate sobre la procedencia de las pruebas propuestas

Debate sobre la procedencia de las pruebas propuestas:

Terminada la lectura del escrito de acusación, el Ministerio fiscal invocó el principio de igualdad de armas para impugnar la prueba documental aportada por las defensas en este trámite. Se refería a los dos borradores del Anteproyecto de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con anotaciones manuscritas tendentes a acreditar la realidad del trabajo desempeñado en formular las alegaciones, presentados por la defensa de Melchor Dario. Cuestionó su autenticidad aludiendo a las múltiples ocasiones que había tenido la defensa para traerlos a las actuaciones sin haberlo hecho hasta este momento. Su considerable volumen, adujo, hacía difícil que pudieran haber pasado desapercibidas en el lugar donde hubieran estado almacenadas hasta ahora en que se aportan al procedimiento.

Se había requerido al acusado, en su declaración inicial, para que acompañara cuando documentos tuviera, dijo, y han transcurrido diez años sin traer los citados borradores a ningún procedimiento.

Impugnó, asimismo, la minuta […], de la que existían tres versiones con distintas fechas y conceptos: una de ellas obrante al folio 133 de las actuaciones, que fue aportada inicialmente por el Sr. Melchor Dario ante el Tribunal de Cuentas, contradiciendo lo que había dejado consignado en su propio escrito de defensa.

Pidió la declaración del testigo D. Alonso Inocencio, Letrado del servicio jurídico del

M.I. Ayuntamiento de Marbella, para que explicara la existencia de estas diversas versiones de la misma minuta.

Respecto a la prueba propuesta por la defensa de Eloy Tomas consistente en copia de la escritura notarial en la que constaba el acta de la Junta General de la Sociedad Control de Servicios Locales celebrada el día 31 de marzo de 2000 y la certificación del Registro Mercantil en la que se reflejaba su presentación en el registro para inscribir el acuerdo, advirtió que al cotejar este documento con el acta del pleno del Ayuntamiento de la misma fecha, en el acta figuraba como hora de inicio de la Junta Extraordinaria las 15.35 horas, en tanto que en la certificación del pleno municipal se hacía constar como hora de comienzo 12.30 horas y hora de terminación las 15.50, por lo que había correspondencia entre la hora de finalización de un acto y el comienzo del acto siguiente. Por ello, solicitó la declaración de todos los concejales que asistieron a ambos actos, al Pleno del Ayuntamiento y a la Junta General Universal de la sociedad municipal “Control de Servicios Locales S.L.”, sociedad que fue utilizada para el pago de la generalidad de las minutas libradas por Melchor Dario a partir del 3 de julio de 2001.

Ese mismo día, dijo, se celebró una Comisión de gobierno a las 10,30 horas de su mañana, en la que nada se anunciaba respecto a la ampliación del objeto social de la sociedad referida. Acto seguido, cuestionó la autenticidad de la prueba documental presentada por la defensa de Rodrigo Lazaro consistente en correspondencia mantenida entre él y el acusado, Melchor Dario, pues no se apreciaba ningún sello oficial de entrada o salida y pudo ser elaborada posteriormente a las fechas que figuran en ella, por lo que propuso la práctica de una prueba pericial a realizar por el gabinete de policía científica, para que analizara el tipo de fuente tipográfica, a fin de que se informara sobre la compatibilidad de su fuente y tinta con la fecha en que se dice emitida, 26 de enero de 2000.

También impugnó las certificaciones firmadas por Rodrigo Lazaro como secretario de las sociedades municipales “Nortia S.L.”, “Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 S.L”, “Suelo Urbano 2000 S.L.”, “Plan las Albarizas”, “Planeamiento 2000 S.L.”, “Compras 2000.S.L.” y “Contratas 2000 S.L.”, cuyas certificaciones pidió que también fueran analizadas, con el mismo objeto, por la policía científica.

A continuación, el Ministerio fiscal aludió al contrato de arrendamiento de servicios de Eloy Tomas, obrante en el testimonio del procedimiento n.º 379/2.007 del Juzgado de 1.ª Instancia número Tres de Marbella remitido por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, cuyo texto presentaba notables diferencias con el ejemplar del mismo contrato que figuraba en los folios 7.136 a 7.138, tomo 16, de los autos.

Llamó la atención a que no coincidieran, en uno y otro documento, ni el lugar de estampación de las firmas ni el contenido de la oferta de servicios profesionales, pues en el ejemplar unido a las actuaciones únicamente había cinco apartados, en tanto que en el ejemplar que figuraba en el testimonio del procedimiento judicial había seis apartados, al adicionarse con el número 4. Inspecciones de Hacienda.-Representación técnica ante la Inspección de Hacienda. Los restantes apartados del anexo de oferta de servicios de uno y otro ejemplar eran coincidentes.

Impugnó también las fotocopias aportadas por la defensa de Cristobal Adrian, pues se trataba de documentos oficiales no certificados ni aportados por organismo alguno.

El Letrado de la acusación particular se adhirió a las impugnaciones del Ministerio fiscal.

La defensa de Melchor Dario, en lo que se refiere a los borradores impugnados, afirmó que incluso en dependencias municipales obraban copias de los borradores. No formuló alegaciones respecto a los documentos aportados por las demás partes, por no tener aún sus copias.

La defensa del acusado, Marcelino Felix, impugnó la aportación documental efectuada por la defensa del M.I. Ayuntamiento de Marbella aduciendo que la testigo propuesta, D.ª Justa Alicia, que figura como imputada en el caso “Malaya”, en su declaración indagatoria había rectificado sus declaraciones iniciales.

En el mismo sentido se pronunció la defensa del acusado Lorenzo Emilio oponiéndose también a que se admitiera que declarara como testigo la citada D.ª Justa Alicia, dada su condición de imputada en el caso “Malaya”.

Las demás defensas también adujeron que no habían tenido tiempo para instruirse de las pruebas propuestas por las demás partes, por lo que se suspendió el desarrollo de la sesión para dar tiempo a que se instruyeran.

Las defensas, una vez instruidas, no formularon impugnaciones a las pruebas propuestas por las demás partes.

En el trámite de réplica, la defensa de Melchor Dario insistió en que se les había puesto en conocimiento la existencia de esa documentación en las dependencias municipales, en referencia a los borradores de las alegaciones al anteproyecto de fiscalización, sin que pudieran revelar las fuentes de su información por temor a represalias. Justificó la existencia de diversas minutas con distinto contenido con el número […] y para aclaración del posible error de fechas aportó la minuta […], fechada el 17 de julio. Se quejó de la tardanza del Ayuntamiento en aportar las pruebas de descargo propuestas por las defensas en contraste con la premura con que se había facilitado la prueba de cargo propuesta por las acusaciones. Instó la suspensión del juicio por falta de recibo de parte de la documentación solicitada al Ayuntamiento de Marbella, en concreto la reseñada con los números 17 y 19 de su escrito de defensa.

El Ministerio fiscal adujo que estas pruebas ya aparecían en los autos, y que las solicitudes de fondos estaban en los tomos 113, 114 y 115, aportadas por el servicio jurídico del Ayuntamiento de Marbella.

En el mismo trámite, la defensa Marcelino Felix se adhirió a los alegatos de la defensa de Melchor Dario e insistió en que existía un control del interventor municipal, por lo que recelaba de que fuera el mismo interventor el que estuviera encargado de despachar la prueba interesada al Ayuntamiento.

La defensa de Rodrigo Lazaro, Eloy Tomas y Landelino Gines aclaró que los secretarios de la sociedad “Control de Servicios Locales S.L.” y del Ayuntamiento eran distintos, por lo que carecía de relieve la discrepancia horaria que se destacaba el Ministerio fiscal respecto a la finalización y comienzo de uno y otro acto, el pleno y la junta extraordinaria, y se oponía a que se admitiera la nueva prueba testifical propuesta por el Ministerio fiscal respecto a los concejales que asistieron al pleno de 31 de marzo de 2000.

La defensa de Landelino Edmundo consideró que la nueva prueba pericial propuesta por el Ministerio fiscal suponía una sucinta instrucción que debería determinar la suspensión del juicio, por lo que instó su rechazo, al no haberse adecuado la solicitud a este planteamiento, propuesta a la que se adhirió la defensa del acusado Cristobal Adrian. La admisión de tales pruebas motivó la protesta expresa de las defensas.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*