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Cuestiones Previas Inicio Juicio

Inicio del Juicio (Cuestiones Previas):

Al inicio del juicio, en el turno de intervenciones que prevé el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que las partes expusieran lo que estimasen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión del juicio oral, así como sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que propongan para practicarse en el acto, la defensa de Melchor Dario puso de relieve que aún no se había recibido la totalidad de la prueba documental interesada del M.I. Ayuntamiento de Marbella, en concreto la reseñada bajo el número 19, relativa a la unión a la causa de copia compulsada de las solicitudes de fondos efectuadas por las sociedades municipales para hacer frente al pago de minutas libradas por su representado, con lo que pretendía acreditar que todos los pagos efectuados a su defendido fueron sometidos al control de los claveros municipales, sin que éstos formularan reparo alguno al respecto. Llamó, asimismo, la atención sobre la situación de la compañera de despacho de su patrocinado, D.ª Maribel Luz, pues se había aceptado la propuesta del Ministerio fiscal de que declarara como testigo, pese a que se encontraba encartada en unas Diligencias Previas por hechos íntimamente relacionados con los aquí enjuiciados, lo que podría conculcar su derecho a defensa si se utilizaran las manifestaciones aquí vertidas como testigo en el ulterior procedimiento que contra ella se instruía (se trataba de la Pieza Separada desgajada de estas mismas actuaciones, las Diligencias Previas número 3.209/2.006 del Juzgado de Instrucción número Uno de Marbella).

Al margen de ello, formuló, como cuestiones previas:

a) La naturaleza prospectiva del proceso, en cuanto que estimaba que se habían sobrepasado los límites fijados en la querella inicial formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Consideraba que los requerimientos contenidos en las providencias del instructor de 29 de noviembre de 2.006 y 22 de enero de 2.007 eran contrarios a la doctrina jurisprudencial plasmada en la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 87/2001 y en la del Tribunal Supremo n.º 1.729/2000.

b).-Incidencia, desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, del artículo 24 de la Constitución, por la existencia de resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre la procedencia de muchas de las minutas que su defendido presentó. Enfatizó en que no podían sustraerse al citado Tribunal la competencia para fijar la responsabilidad civil y advirtió del riesgo de que se dictaran resoluciones contradictorias.

c).-Vulneración del Derecho a ser informado de la acusación recogido en el artículo 24 de la Constitución, tal como había sido configurado por las sentencias del Tribunal Constitucional, esto es, haciéndole saber al imputado tanto los hechos que se le imputan como su base probatoria, tanto al inicio del proceso, antes de recibirle declaración, como en su desarrollo.

En la querella inicial de 26 de julio de 2.006 se imputaban a su patrocinado los delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El auto de incoación de procedimiento abreviado de 28 de mayo de 2009 supuso, al decir de la defensa, un frenesí acusatorio, en cuanto que conllevaba la imputación además de un delito de Asociación Ilícita, de un delito de Falsedad en documento privado, de un delito de Falsedad en documento mercantil y de un delito de Malversación de Uso de Bienes Muebles e Inmuebles. Por la acusación se adicionaron a ellos los delitos de Falsedad en Documento Oficial, dos delitos Societarios y un delito continuado de Deslealtad Profesional. Estimaba que únicamente podrían ser objeto de enjuiciamiento los tres delitos incluidos en la querella inicial, debiendo desestimarse el resto de las imputaciones, por su carácter de sorpresivas.

d) Prescripción de los delitos adicionados a la querella inicial respecto a los cuales ya había formulado el precedente reproche relativo a la posible vulneración del derecho de su patrocinado a ser informado de la acusación.

Hizo pormenorizada reseña de los delitos imputados en el escrito de acusación del Ministerio fiscal aduciendo que cuando se formuló la imputación ya había transcurrido el tiempo suficiente desde su posible comisión para que debieran estimarse prescritos.

Así, en lo que se refiere al delito continuado de Falsedad Documental, situó la comisión de los hechos que integran tal ilícito en el mes de julio de 2003, por lo que estarían prescritos, según su criterio, en el mes de julio de 2.006, por el transcurso de tres años, a juzgar por las penas señaladas; el delito Societario del apartado f), cuyos hechos acaecieron el día 10 de enero de 2000, deberían estar prescritos el 10 de enero de 2003, pues también prescribirían por el transcurso de tres años, en razón a las penas fijadas en el Código Penal; lo mismo ocurriría con los dos delitos Societarios del apartado h), por hechos ocurridos el 3 de julio de 2001; el delito continuado de Deslealtad Profesional del apartado l) cuyos hechos, que se describen bajo el número 37 del escrito de acusación del Ministerio fiscal, ocurrieron el 31 de diciembre de 2001 y que, según su criterio, deberían estar prescritos desde el día 31 de diciembre de 2.006, al haber transcurrido los cinco años precisos para ello. Respecto del delito de Falsedad en Documento Oficial cometido por funcionario público del apartado m), los hechos acaecieron el 12 de septiembre de 2000 y deberían estar prescritos transcurridos tres años. En todos los supuestos tomó como fecha inicial del cómputo la de comisión de los hechos, tal como fueron narrados, y consideró que cuando fueron imputados en el escrito acusatorio ya habían prescrito.

Por último, se quejó de que la acusación particular adicionara su relato con nuevos hechos ajenos a la instrucción, como las minutas satisfechas a su defendido por el trabajo desempeñado con motivo de su actuación ante los Servicios de Inspección de la Agencia Tributaria, en la Fiscalización de la Cámara de Cuentas y en la compraventa del local…

Asimismo, mostró su desacuerdo en que declarara como testigo en este procedimiento, D.ª Maribel Luz, ya que existía una imputación contra ella en otro procedimiento por hechos idénticos, lo que podría condicionar su testimonio.

La defensa de Damaso Nemesio adujo vulneración del derecho a defensa respecto al delito de Malversación de Uso de Bienes Muebles e Inmuebles cuya nulidad interesó, pues apareció por primera vez en los escritos de acusación, sin figurar en el auto de incoación de procedimiento abreviado.

No se trata, dijo, de un delito conexo con el de Malversación, por no haber descrito relación medial el Ministerio fiscal. Interesó, asimismo, que se declarara la nulidad de la declaración testifical de su mandante, cuya imputación se produjo por providencia de 21 abril de 2009.

La defensa de Landelino Edmundo se adhirió a las denuncias formuladas por las defensas anteriores, a las que añadió la vulneración a la tutela judicial efectiva, por nulidad del auto de apertura del juicio oral, en cuanto que el escrito de acusación del Ayuntamiento se remitía al auto de incoación de procedimiento abreviado. Esta falta de relato de hechos debería determinar, según su criterio, la inexistencia de acusación.

Adujo una segunda cuestión que también afectaba a la tutela judicial efectiva, referida al delito de Fraude, pues estimaba que a su patrocinado, al no ser funcionario, no se le podía acusar de un delito especial, aun cuando pudiera acusársele del delito de malversación, al estar prevista en el Código Penal tal posibilidad, según el fundamento jurídico noveno de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2010.

Por último, estimaba que la acusación a su patrocinado conllevaba vulneración del principio nonbisinidem, pues se trataba de hechos por los que ya se acusaba en el procedimiento “Saqueo Dos” que se tramita en la Audiencia Nacional, invocando al efecto la doctrina expuesta en la sentencia de 30 de junio de 2.007 del Tribunal Supremo.

La defensa del acusado Doroteo Raimundo denunció vulneración del derecho a ser informado de la acusación respecto al delito de Asociación Ilícita y solicitó la nulidad del punto a.6 del auto de apertura del juicio oral, pues en la providencia se le imputaba por Malversación, Fraude y Falsedad, sin que se le preguntara por la Asociación Ilícita, que aparece exnovoen el escrito de acusación del Ministerio fiscal, por lo que la acusación por tal delito es sorpresiva. En segundo lugar, como otras defensas, pidió que se declarara la nulidad de las declaraciones testificales prestadas por su patrocinado con anterioridad a 8 de enero de 2009, pues en tal fecha se le imputó en base al certificado que libró el día 15 de septiembre de 2000, que ya aparecía en las diligencias de investigación de la fiscalía.

La defensa de la acusada, Benita Ofelia, se adhirió al alegato de la defensa de Melchor Dario y adujo que sólo tuvo conocimiento de la acusación por medio del escrito del Ministerio fiscal, pues no se la informó de nada cuando declaró.

Instó la nulidad del auto de transformación de las Diligencias en Procedimiento Abreviado, pues consideraba que no había indicios de culpabilidad de su cliente y que algunos también firmaron pagos y no estaban acusados. Pidió también la nulidad de los escritos acusatorios al originar indefensión al hacer una consideración genérica de los hechos, sin concretar el proceder de su patrocinado.

Asimismo, invocó la prescripción, pues consideraba que, al no estar incluido su patrocinado en la querella inicial, había transcurrido tiempo suficiente para que operara a su favor tal instituto. Por último, estimó que el procedimiento para el enjuiciamiento por el cobro de la minuta […] no era el adecuado, pues escapaba a la querella inicial y no había conexión alguna, por lo que su enjuiciamiento debería llevarse a cabo en pieza separada y en el trámite de Juicio por el Tribunal del Jurado.

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