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Causa General y Entrada y Registro

Hallazgo de efectos no abarcados por la autorización:
Una vez más hemos de repetir aquí que la circunstancia de
que la autorización judicial se acuerde en el seno de unas Diligencias
Indeterminadas, sin haberse incoado el Sumario o las
Diligencias Previas correspondientes, carece de relevancia en
relación al derecho fundamental al que pueda afectar, bien sea el
relativo a la inviolabilidad del domicilio objeto del presente caso,
bien sea el concerniente al secreto de las comunicaciones en
otros en que con frecuencia se hace esta misma clase de alegación.
Lo importante es que una Autoridad Judicial ha examinado
la solicitud policial, la ha valorado y ha decidido conceder la
autorización correspondiente, prevista al respecto en la CE. Asimismo
hemos de añadir que la policía actuó correctamente cuando
procedió a recoger el gran número de joyas y otros objetos de valor que encontró en la vivienda registrada, pese a que el auto
del Juzgado sólo se refería al delito de tráfico de drogas. La policía
cumplió con su deber cuando en una actuación debidamente
autorizada por la Autoridad Judicial dio cuenta a ésta de haber
encontrado, además de la heroína, algo que podía revelar la existencia de un delito, aunque éste fuera diferente de aquel para
cuya investigación se concedió la autorización. Lo que no pueden
hacer los funcionarios policiales en tales caso es ocultar lo
encontrado (o lo conocido en una intervención telefónica ordenada
para otro delito) para investigar a espaldas de la autoridad
judicial que acordó la correspondiente diligencia. STS de 2 de
junio de 1997.
Se debe partir de la doctrina contenida en el fundamento
jurídico tercero de la STS. 481/1994, de 8 de marzo, que en relación
al hallazgo conjunto de los objetos a que se refiere la habilitación
judicial y de otros no comprendidos en la misma señala
que la tesis de que cabe validamente tomar como prueba de
cargo la proporcionada por la aprehensión de objetos correspondientes
a delito distinto de aquél para el que concedió la autorización
habilitante de la entrada y registro domiciliario ha sido mantenida, sin argumentación justificativa, por la S. 1309/1993,
de 7 de junio. En cambio, la posición contraria, que podría,
tomando en préstamo lingüístico de la extradición pasiva la
expresión, denominarse como principio de especialidad, ha sido
rotundamente mantenida en las también recientes, SS. de esta
Sala 1706/1993, de 2 de julio (FJ único) y 91/1994, de 21 de
enero (FJ quinto). En ambas resoluciones se estima que la extensión
de la investigación a objetos distintos a los correspondientes
al delito a investigar según el mandamiento judicial produce,
de no existir una ampliación habilitante, un defecto insubsanable
al faltar la debida proporcionalidad, convirtiéndose la prueba así
obtenida en nula de acuerdo con la norma contenida en el artículo
11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La doctrina de
estas dos resoluciones se basa (en el primer caso de manera
explícita) en la doctrina contenida en el conocidísimo auto de
esta Sala de 18 de junio de 1992 (dictado en el llamado caso
Naseiro), que como es notorio se dictó en un supuesto no de
registro domiciliario, sino de intervenciones telefónicas. Esta
acotación liminar permite establecer los matices diferenciales
que existen entre uno y otro supuesto. Y así: a) La intervención
telefónica incide de manera directa en la esfera de la intimidad y
de ahí que tal resolución «matriz» indique correctamente que
< o » . En ellas, la investigación toma al presunto imputado como
fuente de prueba y por ello las garantías para su práctica tienen
necesariamente que sobredimensionarse, pues la dignidad de la
persona no autoriza una especie de «causa general». En cambio,
la inviolabilidad del domicilio sólo se refiere a un objeto perteneciente
a la esfera del investigado y por ello, una vez autorizada
la entrada y registro la protección garantística ha de ser menor
que en el otro caso, b) Como consecuencia, el propio tratamiento
normativo es disímil radicalmente, ya que en tanto la intervención
telefónica supone por propia naturaleza su prolongación
temporal (hasta tres meses prorrogables: artículo 579.3 de la
LECrim), la diligencia de registro se realiza en unidad de acto
conforme dispone el artículo 570 de la misma Ley procesal, con
la única interrupción que prevé tal precepto respecto a la prolongación
durante horas nocturnas. Es obvio así, que en la intervención
telefónica sea preciso ampliar en su caso la autorización
jurisdiccional habilitante. En cambio, en la entrada y registro
domiciliario el aludido principio de especialidad no tiene por qué
ser exigido con la misma intensidad. Si en su práctica parecen
objetos constitutivos de un cuerpo de posible delito distinto a
aquel para cuya investigación se extendió el mandamiento habilitante,
tal descubrimiento se instala en la nota de flagrancia,
entendida en el sentido a que se refiere la reciente S. del TC
341/1993, de 18 de noviembre, relativa a la inconstitucionalidad
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana: «situación fáctica en la que la comisión
del delito se percibe con evidencia y exige por ello una inmediata
intervención». Y producida tal situación, la inmediata recogida
de los efectos del delito no es otra cosa que consecuencia de
la norma general contenida en el artículo 286 de las tantas veces
citada Ley procesal. Máxime en casos como el presente, en los
que el delito nuevo es algo añadido al delito investigado, al haber
dado la investigación sobre éste resultado positivo, pues en tal
caso se aplican las normas sobre conexión contenidas en los artículos 17-51 y 300 de la LECrim. En otras palabras, no existe
novación del objeto de investigación sino simple adicción a éste.
STS de 7 de junio de 1997.

Pedro Martin y Otros.

Entrada y registro en despachos profesionales

De un tiempo a esta parte existe una corriente que estima que la inviolabilidad del domicilio se extendería a determinados espacios en los que las personas físicas desarrollan sus actividades profesionales y empresariales.

El primer argumento se encuentra en la jurisprudencia del TEDH al interpretar el artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales al entender como domicilio “el ámbito cerrado erigido por una persona con el objeto de desarrollar en él alguna actividad”.

Otro argumento a favor sería el derivado del artículo 204 del Código Penal que configura como delito la entrada y permanencia en despachos profesionales y en los establecimientos mercantiles llevada a cabo sin el consentimiento de su titular por una autoridad o funcionario público (fuera de los casos legalmente previstos y sin mediar causa legal por delito) lo cual supondría ampliar la protección constitucional a estos establecimientos.

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Segun el abogado: En relación con la petición de nulidad de actuaciones, considera que se han producido desde el inicio del procedimiento, en el juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, “quebrantamientos clarísimos” de las normas procesales y constitucionales como con la entrada y registro en un despacho de abogados por otro procedimiento –‘caso BBVA’– donde se intervino documentación de personas no imputadas en este caso, entre ellas de Correa, sobre cuyo acceso no había autorización judicial, y que sirvió de “excusa” para adjudicarse la causa como proceso “derivado”. Por ello, sostiene que no era el competente para iniciar las actuaciones.

En el escrito se indica que el voto discrepante cuestiona igualmente la competencia del procedimiento por parte de este órgano, y añade que las fiscales también eran “perfectamente conscientes de que no existía ningún vínculo o conexión entre procedimientos y personas”. Como segundo argumento para pedir la nulidad, apunta que ha habido indefensión “por no tener los imputados acceso a toda la documentación y diligencias” practicas desde el inicio de la causa en la Audiencia Nacional.

….

Entrada y registro
El Tribunal Supremo ha resuelto que no se
vulnera el derecho al secreto profesional durante la entrada
y registro, pues es imposible deslindar en el plazo
breve que dura, cuáles son los casos que interesan a la
investigación, función que corresponde al juez junto al
secretario en momento posterior. Pero eso no significa
que la obligación de guardar el secreto desaparezca
ni que se pueda utilizar indiscriminadamente toda la
información que se recoge en una entrada y registro. Al
practicarse éste deberán evitarse las «inspecciones inútiles
» -dice la ley- procurando «no perjudicar ni importunar
al interesado más de lo necesario», y se adoptarán
todo género de precauciones para no comprometer su
reputación, debiendo «respetarse sus secretos si no interesaren
a la instrucción».
Por ello, al juez le compete, dentro de los breves
plazos que prevé para la evacuación de las diligencias
penales para lo cual, como es sabido, no existen días
ni horas inhábiles, deslindar lo que es objeto de investigación
y lo que no es a efectos de restituir con la
mayor celeridad posible todo lo que no fuese útil para
la investigación. La utilización de este material para
otros fines está, por supuesto, descartada en un régimen
como el nuestro que proscribe desde hace siglos
las llamadas causas generales.

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